El presidente de Chile, Gabriel Boric, convocó para el 17 de diciembre a un plebiscito con el fin de votar a favor o en contra del nuevo proyecto de Constitución redactado por un consejo dominado por fuerzas derechistas que modifique de lleno la carta magna impuesta por la dictadura de Augusto Pinochet.
“Queda oficialmente convocado el plebiscito del 17 de diciembre e invito a todos nuestros compatriotas a informarse y participar cumpliendo con el ineludible deber ciudadano de votar”, dijo el izquierdista Boric en una ceremonia en Santiago. El presidente cumple así el calendario previsto en el segundo proceso de cambio de Constitución que viven los chilenos.
Todo esto luego de que en octubre de 2020 un 78 % del electorado votara a favor de un cambio de carta magna, con la esperanza de sentar las bases de un Estado más fuerte en temas sociales luego de las protestas que en 2019 sacudieron a este país hasta entonces estable. “Se abre el tiempo definitivo de los ciudadanos y ciudadanas. Ahora es su voz y decisión lo que verdaderamente importa”, dijo Boric el martes.
La coalición oficialista se ha manifestado en contra del nuevo texto al considerarlo como retrógado en materia de derechos civiles y sociales, y por establecer claramente las instituciones privadas de salud y pensiones. El primer proceso de cambio constitucional fracasó en las urnas en septiembre de 2022 por 61 % del electorado, que lo rechazó sobre todo por considerarlo de izquierda radical.
La propuesta actual, que se votará en diciembre, ha sido criticada incluso como la Democracia Cristiana (centro) como un texto conservador e “ideologizado” por la derecha radical. El texto preserva en esencia el tono conservador de la Constitución impuesta en 1980 por la dictadura de Augusto Pinochet (1973-1990) que, pese a haber sido modificada varias veces en democracia, estableció un modelo que favoreció la privatización de la salud, la educación y las pensiones.
Aunque las encuestas pronostican que el nuevo texto también será rechazado, Boric sostuvo que si es aprobado, su gobierno trabajará en su implementación. Pero si es derrotado, aseguró el mandatario, su equipo se abocará a sus tareas y tácitamente descartó un nuevo intento constitucional durante su período que finaliza en marzo de 2026. En caso de que la opción en contra sea mayoritaria, seguirá vigente la Constitución escrita en dictadura.
¿Giro a la derecha?
Existe el temor dentro de las filas de la derecha de que la nueva propuesta sea igualmente rechazada y las encuestas ven probable ese escenario. Por ejemplo, la firma Cadem publicó su más reciente sondeo en el que afirma que el 31 % de los chilenos votaría a favor del nuevo texto, mientras que el 54 % lo rechazaría, tendencia que se ha confirmado con cada una de las nuevas publicaciones de la encuestadora.
Las razones del rechazo hacia la nueva propuesta se pueden explicar en que es un texto totalmente opuesto, pero no menos radical que el anterior. Por ejemplo, la izquierda chilena afirma que no incorporan a las minorías excluidas históricamente, así como tampoco consignan derechos claves para la población, como la salud, la pensión o la educación, una línea roja para los partidarios más progresistas del país.
“Se aprobó por unanimidad, desde el Partido Comunista hasta el Partido Republicano, la definición de Chile como un Estado social de derecho, como el resguardo de la democracia, una serie de puntos fundamentales para un marco constitucional razonable”, contó Mariana Aylwin, exministra de Educación de Chile.
Pero los puntos polémicos no paran ahí, ya que el texto afirma que protegerá “la vida de quien esté por nacer”, lo cual seguramente chocaría con las leyes de aborto legal en Chile, vigentes con tres causales: salvar la vida de la madre, inviabilidad fetal o por violación. Esta medida podría ser la más controversial, pues la legislación de interrupción del embarazo en el país no es la más liberal de la región y existen muchas voces que piden ampliarla.
Otra ley que expone la nueva propuesta de constitución es “la expulsión en el menor tiempo posible de migrantes que ingresen por pasos no habilitados, con pleno respeto de la dignidad humana, los derechos y garantías fundamentales y las obligaciones internacionales adquiridas por el Estado de Chile”.
Igualmente, las personas condenadas a una pena de cárcel podrán solicitar al tribunal la reclusión domiciliaria “siempre que se acredite conforme a la ley la existencia de una enfermedad terminal y que el condenado no represente un peligro actual para la sociedad”. Esto podría beneficiar a 134 militares condenados por violaciones a los derechos humanos durante la dictadura de Augusto Pinochet, encarcelados en Punta Peuco, donde el 80 % de ellos supera los 70 años.
*Con información de AFP.