La propuesta de la flamante presidenta de Perú, Dina Boluarte, de adelantar las elecciones generales a abril de 2024 para aplacar las protestas que exigen su renuncia deberá recorrer un largo camino legal que puede tardar hasta 16 meses y atizar las manifestaciones, advirtieron analistas a la AFP.
Recortar mandatos populares, como el presidencial y legislativo, requiere la aprobación de una reforma constitucional e incluso de un referéndum, según las leyes peruanas.
Una tarea que se anuncia difícil para el frágil gobierno de Boluarte, que asumió el poder el miércoles pasado tras el autogolpe fallido, la destitución y la detención del expresidente Pedro Castillo, y que carece de bancada parlamentaria.
“Ella no puede convocar a elecciones inmediatas porque de acuerdo a la Constitución, tienen que realizarse (cada cinco años) en 2026″, dijo a la AFP el expresidente del Tribunal Constitucional Ernesto Álvarez.
“La reforma constitucional es obligatoria porque la regla es respetar los plazos del mandato de cinco años que señala la Constitución para el presidente y el Congreso”, indicó a la AFP el jurista Roberto Pereira.
Los obstáculos, sin embargo, se pueden reducir en el tiempo, y existen precedentes recientes.
“Por esa razón (Dina Boluarte) planteó elecciones en abril de 2024, para poder hacer las reformas”, acota el constitucionalista Álvarez.
La Constitución establece dos caminos: aprobar reformas con la mitad más uno del voto de los 130 congresistas más un referéndum, o el voto de dos tercios del número legal de congresistas en dos legislaturas ordinarias, sin necesidad de un plebiscito.
Todo depende en esta coyuntura de la voluntad política del Congreso, dominado por la derecha y reacia a recortar su mandato que vence en julio de 2026, cuando estaba previsto el fin del mandato de Castillo.
“Es muy difícil realizar las elecciones si se dan los plazos como están en la ley, poder hacer una elección antes de unos ocho meses”, señaló a la AFP Eduardo Dargent, politólogo y profesor en la Pontificia Universidad Católica.
Boluarte tiene un camino alternativo si la presión social aumenta y las protestas no cesan: renunciar a su cargo para dar paso a la presidencia al jefe del Congreso, quien debe convocar a elecciones en un plazo mínimo de seis meses.
“No me sorprendería que la realidad la obligue a recortar aún más su mandato o a dejar la presidencia y que sea el Congreso el que acorte los plazos”, dice Dargent.
Cuando el Congreso destituyó a Alberto Fujimori en el año 2000 “la única solución fue aprobar una reforma constitucional que estableció una disposición transitoria válida solo para ese caso”, según Álvarez.
Pedro Castillo iría a juicio; Congreso de Perú le retira la inmunidad al expresidente
El Congreso de Perú aprobó la retirada del fuero especial al expresidente Pedro Castillo, allanando así el camino hacia un juicio por su intento de golpe de Estado de la pasada semana, cuando anunció la disolución del Parlamento y decretó un Gobierno de excepción.
Con 67 votos a favor y 45 en contra, el Pleno del Congreso dio luz verde para levantar la prerrogativa de antejuicio político de la que gozaba Castillo como jefe de Estado y ahora podría ser procesado por la Fiscalía.
Esta resolución del Legislativo señaló directamente al exmandatario como presunto coautor de varios delitos contra los poderes del Estado y el orden constitucional, tal y como recogió la agencia peruana de noticias Andina.
Castillo pronunció el pasado miércoles 7 de diciembre un discurso a la nación en el que anunciaba la disolución del Parlamento e instauraba un gobierno de excepción. Sin embargo, su decreto no fue respaldado y terminó destituido del cargo por el Congreso y detenido por la Fiscalía.
Con información de AFP