El magistrado José Antonio Dias Toffoli, del Tribunal Supremo Federal (STF) de Brasil, emitió el pasado miércoles una decisión contundente al invalidar por completo todas las pruebas relacionadas en contra de Luiz Inácio Lula da Silva, provenientes de su colaboración con la empresa Odebrecht.
En su fallo, Toffoli tachó el arresto del actual mandatario brasileño durante el periodo que abarcó desde abril de 2018 hasta noviembre de 2019 como un “error histórico”. El juez atendió la solicitud presentada por la defensa de Lula, argumentando que las pruebas obtenidas mediante el acuerdo con Odebrecht habían sido conseguidas de manera “heterodoxas e ilegales” por el exjuez Sergio Moro y los exfiscales que participaron en la operación Lava Jato.
Así mismo, Toffoli enfatizó que el propósito de ese caso en particular parecía ser el de “encarcelar a un líder político”.“Fue un montaje resultante de un proyecto de poder por parte de ciertos agentes públicos en su objetivo de conquistar el Estado por medios aparentemente legales, pero con métodos y acciones contra legem (contrarios a la ley)”, manifestó el juez del Supremo al respecto de la condena.
Lula pasó entre 2018 y 2019 entre las rejas (580 días) bajo, presuntamente, corrupción, lavado de dinero y haber aceptado sobornos de una empresa de construcción brasileña llamada OAS. Da Silva vio cómo sus condenas fueron anuladas por otro magistrado de la Corte Suprema en marzo de 2021.
No obstante, tres meses después, la Corte Suprema declaró que el exjuez de primera instancia, Sergio Moro, quien había dictaminado la prisión de Lula, tenía un sesgo evidente en el caso. Esta determinación inicial le permitió al líder del Partido de los Trabajadores aspirar por sexta vez a la presidencia de Brasil y en esta ocasión vencer a su archirrival Jair Bolsonaro, bajo un clima político dividido y con muchísimas dudas sobre su gobernabilidad.
Tras esta determinación, el ministro de Justicia de Brasil, Flavio Dino, expresó su satisfacción y afirmó que marca el fin de lo que él denominó “uno de los episodios más sombríos” en la historia del país. En sus comentarios en las redes sociales, Dino resaltó las dos implicaciones fundamentales de la decisión de Toffoli: en primer lugar, la dimensión jurídica que reafirma la inocencia de Lula, quien fue sometido a un proceso injusto sin las garantías legales adecuadas.
En segundo lugar, la dimensión política que pone de manifiesto los despropósitos cometidos en una etapa oscura de la historia de Brasil. Además, Dino anunció su intención de remitir oficialmente la decisión al Ministerio de Justicia, que a su vez la enviará a la Policía Federal, con el fin de iniciar una investigación sobre la posible responsabilidad penal de los funcionarios públicos involucrados en el caso.
Por último, el exjuez Sergio Moro, quien llevó proceso en contra de Lula da Silva, emitió críticas hacia la decisión del magistrado de la Corte Suprema y enfatizó que la corrupción era una realidad. Moro expresó en sus redes sociales: “La corrupción durante los mandatos del PT (Partido de los Trabajadores) fue innegable, con confesiones de delincuentes y la recuperación de más de 6.000 millones de reales (equivalentes a aproximadamente 1.200 millones de dólares al tipo de cambio actual) para Petrobras”.
Según él, la operación Lava Jato se llevó a cabo “estrictamente dentro de los límites de la ley” y las decisiones fueron confirmadas durante varios años por las instancias judiciales superiores. En respuesta a la decisión del magistrado, Moro anunció su intención de llevar el asunto al Senado “en defensa del derecho a la verdad, la integridad y la democracia”.