En una declaración conjunta emitida este miércoles, el Grupo Libertad y Democracia expresa su condena categórica hacia el intento antidemocrático, unilateral y en violación del derecho internacional por parte de Nicolás Maduro y el gobierno de Venezuela para resolver sus pretensiones territoriales sobre Guyana Esequiba.
El grupo, conformado por destacados líderes políticos de América Latina, sostiene que la resolución de diferencias entre Estados debe basarse en acuerdos bilaterales y mecanismos establecidos por el derecho internacional. Subrayan la importancia del diálogo, acuerdos y el respeto al derecho internacional como los únicos medios para lograr soluciones pacíficas, justas y sostenibles en el tiempo.
En particular, el Grupo Libertad y Democracia destaca que la disputa territorial entre Guyana y Venezuela ha sido correctamente sometida a la jurisdicción de la Corte Internacional de Justicia, el organismo competente para abordar esta cuestión. Consideran que la reciente celebración del referéndum por parte de Venezuela no constituye un mecanismo válido para resolver asuntos territoriales entre Estados soberanos.
El grupo condena enérgicamente el intento de Venezuela de utilizar este referéndum para legitimar una amenaza grave contra la integridad territorial y la soberanía de Guyana, así como el derecho internacional y la paz en la región. Además, repudian la instrumentalización del conflicto para justificar órdenes de captura contra dirigentes opositores, incluyendo miembros del equipo de la candidata presidencial María Corina Machado.
La presentación pública de un mapa que anexa el territorio de Guyana Esequiba a Venezuela, el despliegue de tropas en la frontera, la creación administrativa de una nueva región llamada Guayana Esequiba y la retórica agresiva de Nicolás Maduro son hechos de máxima gravedad que deben alertar a la comunidad internacional, especialmente a Naciones Unidas y la OEA. El Grupo Libertad y Democracia hace un llamado claro y firme a la condena de esta agresiva e ilegal conducta de Venezuela.
Se enfatiza que las acciones de Venezuela violan una orden vinculante de la Corte Internacional de Justicia, que prohíbe cualquier acción que altere el estatus del territorio en disputa. Finalmente, el grupo reitera su llamado a la comunidad internacional para exigir un proceso electoral justo, libre y transparente en Venezuela, como parte fundamental para avanzar hacia una Venezuela más libre, democrática, justa y próspera.
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