El gobierno de Chile ordenó una investigación sobre una “falla de seguridad” detectada en los correos electrónicos de la cúpula militar y dispuso por esto el regreso de urgencia de la ministra de Defensa, que se encontraba en Estados Unidos junto al mandatario chileno, Gabriel Boric.
El Ministerio de Defensa Nacional dijo la noche del miércoles 21 de septiembre que ante “la falla de seguridad de los correos electrónicos del Estado Mayor Conjunto”, el presidente Gabriel Boric instruyó el regreso de la ministra Maya Fernández, quien lo acompañaba en un viaje oficial con motivo de la Asamblea General de la ONU en Nueva York, “para liderar la respuesta frente a estos hechos”.
“El Gobierno ha ordenado un sumario administrativo para determinar las responsabilidades correspondientes. Adicionalmente, los antecedentes han sido puestos a disposición de la justicia militar para dar pie a la investigación penal”, agregó el breve comunicado de prensa.
Fernández iba a participar el miércoles 21 de septiembre en un homenaje que el Gobierno chileno organizó para su abuelo, el depuesto mandatario socialista Salvador Allende (1970-1973), por los 50 años de su participación en la Asamblea de las Naciones Unidas, pero debió volver a Chile tras conocerse el hackeo.
¿Cuáles documentos salieron a la luz pública?
De acuerdo con el diario El Mercurio, la información sobre el hackeo fue difundida en plataformas que divulgan las actividades de piratas electrónicos. En ellas, el grupo identificado como “Guacamaya” habría divulgado documentos reservados de la Defensa chilena que abarcarían unos cinco años, en la primera de varias revelaciones que se vendrían para gobiernos latinoamericanos.
Según este medio, entre los archivos difundidos se encontrarían algunos relacionados con los hechos ocurridos tras las masivas manifestaciones sociales que estallaron en Chile el 18 de octubre de 2019, que se extendieron por varias semanas y se saldaron con una treintena de muertos.
Varios informes de organismos internacionales dieron cuenta de violaciones a los derechos humanos por parte de agentes de la policía y también de las Fuerzas Armadas, que colaboraron en labores de seguridad por nueve días en que el gobierno del entonces presidente Sebastián Piñera decretó el estado de emergencia.
En meses pasados la policía chilena detuvo a seis miembros de la red Anonymous, uno de ellos de nacionalidad colombiana, y dos menores de edad, en el marco de la operación internacional “Exposure”. Los arrestos fueron llevados a cabo por detectives de la Brigada contra el Cibercrimen de la Policía de Investigaciones (PDI) y los involucrados fueron puestos a disposición de la Fiscalía Centro Norte de Santiago, indicaron las fuentes.
No obstante, los ‘hackers’ quedaron luego en libertad en calidad de “apercibidos”, por lo que deberán prestar declaraciones y podrían ser imputados formalmente, dijo en una rueda de prensa el subprefecto de la PDI, Jaime Jara, de la Brigada del Cibercrimen de la institución. Entre los objetivos de los ciberataques se incluyen las páginas electrónicas de Endesa Chile, Hidroaysén, el Ministerio de Educación, la Biblioteca Nacional y varios sitios del gobierno colombiano, dijo la policía chilena.
*Con información de AFP.