Desde este lunes (24 de octubre) las autoridades panameñas exigirán un permiso especial para aquellos venezolanos que quieran tomar el país como ruta, bien sea para ir a Estados Unidos o regresar a sus países de origen. El paso por el límite con Costa Rica no estará autorizado, a menos que se cuente con una visa.

“Todas esas personas que pasaron frontera” en su trayecto hacia el país norteamericano y quieran retornar de la misma manera “requieren visa autorizada para ingresar a Panamá, y no se les está autorizando ingresar por las fronteras de Costa Rica”, dijo la jornada anterior Samira Gozaine, directora del Servicio Nacional de Migración (SNM).

Sin embargo, este domingo, Gozaine informó que las autoridades continúan dando asistencia humanitaria a los migrantes irregulares que proceden de Venezuela y que, en este momento, ya están en suelo panameño esperando regresar a la nación caribeña.

“Estamos tratando de apoyar en lo que podamos a la misión diplomática de Venezuela porque es la que está a cargo (...) de este albergue. Realmente es un galpón que tienen alquilado para que estas personas no se encuentren en la intemperie, no estén en diferentes lugares en Panamá”.

Hasta el día anterior había venezolanos que estaban comprando los “tiquetes para hacer su retorno voluntario (...). La otra mitad que no tenga el dinero, lo vamos a llevar hasta Los Planes Gualaca, que es el albergue que migración tiene para ese efecto y allá nosotros les vamos a dar su asistencia, comida y habitación mientras la misión diplomática” coordina los trayectos que los lleven nuevamente a sus casas.

Gozaine aclaró que en este momento no había vuelos gratis o subsidiados bien sea por el gobierno de Nicolás Maduro o el de Laurentino Cortizo, y que varios de los tiquetes habían sido producto de donaciones.

Migrantes abarrotan albergue en Panamá

Cerca de 500 migrantes venezolanos colapsaron un albergue temporal que se había dispuesto en Ciudad de Panamá, luego de que su trayecto se viera frustrado por la normativa estadounidense de devolver a quienes intenten ingresar ilegalmente al país. El 12 de octubre el gobierno de Biden estableció un acuerdo con México para permitir el acceso de hasta 24.000 personas, siempre y cuando cumplan algunos estándares como no haber intentado entrar previamente de forma ilegal.

No obstante, el calvario continúa para muchos quienes no encuentran una salida cercana. “Ya que perdimos todo al haber pasado la selva estamos sin los pasajes, sin la economía para tomar el vuelo que supuestamente es humanitario, pero nos están cobrando 280 dólares (casi 1.400.000 pesos colombianos)”, señaló a AFP Douglas Gálvez, quien emprendió una travesía junto a su pareja y dos hijos.

Aquellos que atravesaron la selva del Darién, fronteriza con Colombia, permanecen ahora en una bodega que se habilitó como refugio y en la que deberán estar hasta que puedan conseguir los recursos que les permita tomar un vuelo hacia su nación.

Gálvez es uno de los migrantes que aseguran querer volver a Venezuela “para empezar de nuevo”, y por lo cual piden ayuda a la comunidad internacional para solventar los costos de regreso.

La vicealcaldesa de la capital panameña, Judy Meana, afirmó que se trata de la primera vez en que la crisis es atendida en la ciudad porque antes “solo se había vivido en las fronteras”. También aseguró que se está coordinando ayuda médica porque “hay niños que necesitan atención pediátrica”.

Un récord de migrantes

Panamá rompió el récord de migrantes que toman la selva del Darién como zona de tránsito para intentar llegar a Estados Unidos. Las cifras obtenidas por AFP dan cuenta de que casi 160.000 personas cruzaron esta área en los primeros nueve meses del año, en comparación con las 133.000 de 2021 (la mayoría de origen venezolano).

“Si bien muchas de las personas venezolanas que atraviesan esta peligrosa ruta habían estado viviendo anteriormente en otros países de América del Sur, un número creciente ahora está saliendo directamente de Venezuela”, destacó la semana anterior Giuseppe Loprete, encargado de la Organización Internacional para las Migraciones (OIM) en Panamá.

Mientras tanto, la ONG Human Rights Watch advirtió que la normativa acordada entre Estados Unidos y México para restringir aún más la migración constituía un riesgo a la vida y violación al derecho internacional.