El primer ministro de Perú, Alberto Otárola, trasladó la responsabilidad de los cerca de 50 muertos en las pasadas protestas, al Ejército del país. Así lo dejó ver en su intervención del pasado miércoles, 25 de septiembre, por estos hechos ante la Fiscalía.
Responsabilidad
“Pregúntenles a ellos” habría dicho el ministro, de acuerdo con la defensa de las víctimas, el abogado Juan José Quispe, representante de estas.
Quispe se encontraba presente durante el interrogatorio de los fiscales a Otárola, quien apenas respondió a algunas de las 90 preguntas que le formularon, según informa el diario peruano La República.
“Nosotros no tenemos ninguna responsabilidad en los planes operativos. No participamos en su elaboración ni nos tienen que dar cuenta”, aseguró Quispe que respondió Otárola, tal y como ya había hecho en anteriores citaciones.
Conocimiento
“Cómo el jefe del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas no le va a dar cuenta al ministro de Defensa”, se ha preguntado Quispe. En el momento de las protestas contra el gobierno de Dina Boluarte, Otárola ejercía como titular de esa cartera.
Quispe recordó que el jefe del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, el general Manuel Gómez de la Torre, ya declaró ante la Fiscalía que se reunió con Otárola para hacerle partícipe de las acciones que se estaban llevando a cabo para contener las protestas, episodio que el primer ministro dijo no recordar.
Otárola afirmó ante la Fiscalía que nunca fue informado de manera oficial de lo que estaba ocurriendo, pues aquellas acciones solo competían a la Fuerza Pública y aseguró que se enteró de los fallecidos a través de la prensa.
Además de él, esta semana también ha tenido que acudir a la sede de la Fiscalía General en Lima la presidenta Boluarte a responder por los mismos hechos, si bien al igual que jefe de gabinete, apenas respondió las preguntas que se le plantearon.
La Fiscalía de Perú abrió a comienzos de año una investigación por genocidio contra Boluarte por la muerte de medio centenar de civiles en las protestas contra ella, su Gobierno y el Congreso, así como en apoyo de su antecesor, el expresidente Pedro Castillo, ahora detenido tras su fallido autogolpe.
Sin respuesta
En ese sentido, el pasado miércoles 27 de septiembre, la presidenta Boluarte no respondió durante el interrogatorio en la Fiscalía. Los delitos que se le podrían imputar son presuntos delitos de genocidio, homicidio calificado y lesiones graves, ocurridos durante las protestas.
Uno de los abogados de la mandataria, Joseph Campos, dijo a la prensa local, luego de la comparecencia, que decidieron no responder las 47 preguntas elaboradas, tanto por la defensa de los familiares de los fallecidos como por la Procuraduría General, que en Perú es un órgano diferente a la Fiscalía y se encarga de solicitar reparaciones civiles en defensa del Estado.
“Hemos dicho, ya no vamos a declarar”, indicó Campos. La fiscal general Patricia Benavides y un fiscal adjunto le informaron a Boluarte de la ampliación de la investigación en otras regiones del país, donde también hubo heridos y fallecidos.
*Con información de Europa Press y la AFP.