Ismael Darío Lopera Tangarife, alias Manolo, está recluido en la cárcel La Paz del municipio de Itagüí. Su fecha de ingreso fue el 12 de julio sobre las doce del mediodía, como se muestra en la fotografía que SEMANA revela en exclusiva.
Para el Inpec ha sido todo un reto su protección, pues su mala fama ha crecido en la cárcel, aunque su equipo jurídico asegura que demostrará su inocencia desde “su verdad”. Pese al voluminoso archivo que hay en su contra, se supo desde la defensa que Manolo “no aceptó ninguno de los hechos que la Fiscalía ha denunciado dentro de la imputación. Y así lo demostraremos”. Sus abogados aseguran que probará su inocencia por medio de expertos en psicología infantil.
Pero ahora se sabe que la Fiscalía logró constatar que al menos seis menores de edad habrían sido víctimas de los delitos de acceso carnal abusivo con menor de 14 años agravado, y actos sexuales con menor de 14 años agravado, crímenes que le fueron imputados a Lopera Tangarife y que, se sabe, no aceptó. La investigación apenas comienza, y ya son varios los testimonios que el ente acusador tiene en contra del imputado.
La Alcaldía de Medellín y su programa Buen Comienzo empezó desde el primer momento un trabajo de articulación con el ICBF para el acompañamiento y caracterización de las familias. Se trata de una labor que busca la verdad desde los cimientos de la comunidad. SEMANA conoció que se han hecho visitas de apoyo psicoeducativo casa por casa a las 78 familias del barrio Santa Cruz, cuyos hijos asistían al centro infantil, pues todos pudieron estar en riesgo.
Dada la contingencia, se definió la modalidad itinerante para atender de manera personalizada a los niños de esa sede y, administrativamente, se le solicitó a la interventoría a cargo del Instituto Tecnológico Metropolitano (ITM) avanzar con el proceso de investigación y recolección de información sobre la actuación de la entidad Coomulsap –la prestadora del servicio de alimentación para la que trabajaba Lopera Tangarife–, y con base en esa información, la Unidad decidirá si hay lugar a sanción y de qué tipo será.
Las autoridades elaboraron un perfil del acusado y encontraron que tiene escolaridad hasta quinto de primaria y, según las verificaciones, no contaría con experiencia ni capacitación para atender a menores. Además, se comprobó que no tenía antecedentes penales ni disciplinarios. Sin embargo, durante la legalización, la Fiscalía argumentó que “los elementos de prueba y los resultados de los dictámenes periciales, entrevistas y otras actividades investigativas permitieron conocer que el procesado, de 53 años, presuntamente aprovechó su rol como auxiliar de nutrición en el jardín infantil para agredir sexualmente a los menores de edad”.
Aunque en la presentación del caso, la Fiscalía tratará de demostrar la premeditación y el plan sistemático de alias Manolo, en esta ocasión no aplicaría una cadena perpetua. No obstante, la condena estaría entre 40 y 50 años de cárcel.
El abogado Francisco Bernate le dijo a SEMANA: “La denominada ley de cadena perpetua no aplica en este caso porque se trata de hechos que ocurrieron con anterioridad a su entrada en vigencia. La ley que rige es aquella que estaba vigente en el momento en que ocurrieron las conductas. Se ha formulado ya la imputación y con posterioridad la Fiscalía va a acusar a esta persona, va a presentar las evidencias que tiene en su contra, y habrá un juicio oral, público, contradictorio y concentrado. Si la Fiscalía lograse demostrar que esta persona cometió estos terribles delitos, las penas que se impondrán por cada hecho podrán oscilar entre 20 y 30 años, dado que se trata, aparentemente, de varios eventos. Podría incluso estar muy cerca de una condena de 45 a 50 años sin ningún tipo de rebaja”.
Por ahora, el caso Manolo le deja a la ciudad el reto de mejorar los procesos de contratación en torno al programa Buen Comienzo, que lleva atención integral a la primera infancia. Así mismo, la necesidad de una reflexión sobre el trabajo entre los representantes de las autoridades, ya que después de que se ofreciera una recompensa de 50 millones de pesos para dar con alias Manolo, se reportó que este había sido capturado en un retén; sin embargo, esto no fue cierto.
De acuerdo con el alcalde Daniel Quintero, hubo toda una triangulación alrededor de la ubicación de alias Manolo: “Detectamos que salió en un vehículo blanco de Medellín. Se estaba moviendo entre varios bienes rurales en los municipios de Angelópolis, Donmatías y Santa Rosa de Osos, lo que hizo más difícil su captura. También estaba cambiando de vehículos… Hubo personas que estuvieron ayudándole en desplazamientos”.
Se supo, posteriormente, por un video realizado por el abogado, que Lopera Tangarife se entregó de manera voluntaria en la estación de Santa Rosa de Osos, municipio del norte de Antioquia, adonde el acusado había huido porque, argumentaron, que estaba amenazado. El error obligó a que el general Pablo Ferney Ruiz Garzón, comandante de la Policía Metropolitana del Valle de Aburrá, fuera retirado del cargo –bajo una figura de vacaciones– y fuera reemplazado por el brigadier general Javier Josué Martín Gámez, quien era comandante en la Policía Metropolitana de Bucaramanga desde hacía siete meses.
Medellín continúa conmocionada por este caso. Sin embargo, Quintero ha prometido fortalecer los programas de atención a los menores de edad. Mientras tanto, alias Manolo continúa en la cárcel a la espera de un juicio en el que hay que proteger a las familias y sus derechos.