Por medio de un comunicado, la Justicia Penal Militar le respondió al fiscal general, Francisco Barbosa, frente a la investigación contra un grupo de militares por los hechos registrados el pasado 11 de septiembre en la vereda Bocas del Manso, en zona rural del municipio de Tierralta, Córdoba.
Frente a estos hechos, la Justicia Penal Militar reiteró que cuenta con las competencias para realizar esta investigación por el delito de abuso de autoridad especial. Así pues, ya designó al juez 101 de instrucción para que realice la recolección de pruebas y verifique qué fue lo que ocurrió.
“Su actuación obedece al ejercicio legítimo de la acción penal por parte de la jurisdicción especializada, por cuanto, prima facie, los hechos pudieron ser cometidos “por miembros de la Fuerza Pública y en relación con el mismo servicio” (art. 221 CP), lo que también a primera vista permite verificar que no se trataría de una “intromisión” arbitraria en las competencias de la jurisdicción ordinaria”, detalla uno de los apartes de la comunicación.
En medio de la discusión, la Justicia Penal Militar asegura que no se trata de una intromisión -en clara referencia a lo dicho por el Fiscal-, puesto que lo que se quiere indagar es si se trató de “miembros de la fuerza publica y en relación con el mismo servicio”, para lo cual es necesario cumplir con todos los trámites de una investigación preliminar.
“Sin perjuicio de que en curso de la investigación pudiera verificarse que los hechos son ajenos al ámbito funcional de la fuerza pública, se ponga en duda la competencia de la jurisdicción castrense y, conforme lo dispone la ley, haya que remitirse la actuación a la jurisdicción ordinaria”, aclaró.
En la noche del pasado miércoles, durante una rueda de prensa, el fiscal general cuestionó el hecho de que la Justicia Penal Militar se atribuyera esta investigación, puesto que, en su concepto, no son actos de servicio como tal. Esto, basado en las versiones de los pobladores que indican que los militares se habrían disfrazado de disidentes de las Farc para amedrantar a la comunidad. En los hechos, incluso, habrían intentado abusar sexualmente de una menor de edad.
“Durante este año, he insistido en que no le corresponde al Ejecutivo realizar investigaciones judiciales de ningún tipo. La investigación la llevará a cabo la Fiscalía General de la Nación y no permitiremos que la Jurisdicción Penal Militar interfiera en una investigación relacionada con los derechos humanos de las poblaciones rurales de este país”, advirtió el fiscal general.
Este jueves, el fiscal general insistió en que la Justicia Penal Militar no puede adelantar esta investigación y planteó un conflicto de competencias. “Si rápidamente a jurisdicción penal militar quiere la investigación, nosotros plantearemos ante los jueces, porque tenemos prioridad, a luz de la Corte Constitucional y la Corte Interamericana”.
Según Barbosa, con la evidencia que existe, se puede hablar de una clara violación a los derechos humanos en contra de la población civil, situación que debe ser investigada por la Fiscalía General.
Una comisión de la Fiscalía General viajó el pasado miércoles hasta Tierralta para recolectar evidencias. Sin embargo, el helicóptero en el que se movilizaban fue atacado, lo que obligó a un descenso de emergencia. Esta situación generó una fuerte crítica del jefe del ente investigador al Ejército, señalando que no se estaban brindando las garantías.