La Procuraduría General le pidió a la Corte Suprema de Justicia tomar cartas en el asunto para lograr la extradición de la excongresista Aida Merlano Rebolledo, quien actualmente se encuentra privada de su libertad en una cárcel de Venezuela. Esto con el fin que cumpla la condena que existe en su contra por fraude electoral.

“El Ministerio Público quiere llamar la atención de la Corte Suprema de Justicia haciendo una petición en el sentido que la señora Merlano Rebolledo debe ser extraditada, estimados magistrados. En sesiones pasadas se comprobó que se le ha garantizado de manera plena todos sus derechos constitucionales fundamentales, que pudo comparecer ante la Corte”, precisó.

Considera que Merlano sigue desconociendo la responsabilidad que debe asumir al presentarse ante las autoridades colombianas para cumplir cada uno de los fallos que se han emitido en su contra. “El marco constitucional de la extradición así lo permite”.

Esta petición la hizo en su intervención cuando solicitó un fallo condenatorio contra la exrepresentante a la Cámara Aida Merlano, por desconocer todas las reglas y superar ampliamente los topes que exigía la ley para su campaña al Senado en el año 2018. En su intervención, el delegado del Ministerio Público indicó que “se superaron, y con creces,” los dineros que se manejaron en su candidatura.

“Conocía y sabía de todos los pormenores delictivos que se estaban presentando en su campaña”, precisó el procurador del caso. En este sentido, citó que son varios testigos de las personas que trabajaban en la campaña de Aida Merlano que reseñaron la forma en cómo se “manejaba la chequera” y el dinero enviado por el empresario barranquillero Julio Gerlein, quien fue el principal financiador.

Las cuentas indican que la campaña de Aida Merlano superó en casi 8 mil millones de pesos los topes que fijaba la ley electoral. Frente a esto, consideró que existen todos los elementos para condenar a la exrepresentante a la Cámara por el delito de violación de topes electorales.

En este sentido indicó que las cuentas señalan que los topes fijados por el Consejo Nacional Electoral (CNE) para las campañas al Congreso eran de 884 millones de pesos. Los colaboradores de la misma, que declararon en juicio, aseguraron que se gastaban cifras exageradas en concepto de publicidad y que, pese a las recomendaciones, Merlano hizo caso omiso.

“Desbalanceó injustificadamente la contienda electoral, haciendo que tanto aspirantes como electores vieran ante sus ojos el desmantelamiento de los principios de igualdad, participación, pluralismo y transparencia en tal indigno espectáculo”, precisó el procurador del caso. “La culpabilidad está totalmente demostrada, sabía de las ilicitudes”.

Merlano se encuentra actualmente en una cárcel de Venezuela, país en el que fue recapturada en enero de 2020. Esto después de protagonizar una cinematográfica fuga tras asistir a una cita odontológica en el norte de Bogotá.

En ese momento, y al parecer en complicidad con su hija, Aida Victoria Merlano y el odontólogo, Javier Cely, saltó con una cuerda del tercer piso. Tras un fuerte golpe con el suelo fue recogida por su cómplice, quien estaba en una motocicleta de bajo cilindraje, y emprendió la huida.

Prófuga de la justicia Merlano fue condenada en primera instancia a 15 años de prisión por su responsabilidad en los delitos de corrupción al sufragante, concierto para delinquir y porte o tenencia ilegal de armas de fuego de defensa personal. Tras revisar la apelación, se rebajó la sentencia en 11 años y 4 meses.

Por estos mismos hechos de corrupción electoral, ya el Consejo de Estado declaró la pérdida de investidura en contra de la excongresista conservadora.