Un escándalo sacudió recientemente a la Policía en el departamento de Sucre tras conocerse que del armerillo del comando habían desaparecido 22 fusiles. Por dicha situación, la inspección de la Policía inició una investigación interna, la cual arrojó como resultado, en primera instancia, la destitución de cuatro uniformados.

“La Inspección General, a través de la oficina de control disciplinario interno, tras conocer los hechos de la pérdida de 22 fusiles en el armerillo del comando, formuló cargos y se citó a audiencia pública disciplinaria a cuatro uniformados que ostentaban el cargo de control del armerillo. Una vez surtido el debido proceso, la inspección profirió la decisión en primera instancia de la destitución e inhabilidad general por el término de 12 años a dos patrulleros; así mismo, la destitución e inhabilidad general por el término de 10 años a dos intendentes responsables de custodiar el armamento de la unidad”, indicó la Policía.

El director de la inspección de la Policía, el general Carlos Rodríguez, indicó que “dentro de las actividades y mecanismos de control efectuados en la política integral de transparencia de la Policía, en el Departamento de Policía en Sucre a finales del año 2021 y tras conocer los hechos de pérdida de 22 útiles en el armerillo del Comando, de manera inmediata la inspección apertura una investigación disciplinaría priorizada”.

Agregó el oficial que resultado de esta investigación se “formularon cargos en audiencia pública a cuatro funcionarios que ostentaban el control del armerillo, quienes para la fecha fueron suspendidos provisionalmente de sus funciones con el fin de no afectar la investigación”.

Sobre la decisión aclaró Rodríguez que “el día de hoy (23 de febrero 2022) se toma por parte de la inspección general la decisión de imponer en primera instancia la sanción de destitución e inhabilidad por término de 10 años para contratar con el Estado y ocupar cargos públicos de dos intendentes. Así mismo, la destitución e inhabilidad de 12 años a dos jóvenes patrulleros a quienes se les endilgaron conductas disciplinarias de la Ley 1015 de 2006 categorizadas como faltas gravísimas, teniendo en cuenta que estas decisiones fueron apeladas y continúa su trámite en segunda instancia; de igual manera, la justicia penal militar asumió la investigación en materia penal”.

Es de recordar que uno de los hechos recientes que sacudió a la Policía por actos contrarios a la ley y donde se vieron varios uniformados involucrados ocurrió en La Guajira.

Tras una investigación de las autoridades judiciales 11 uniformados fueron capturados. “Los investigadores lograron establecer que algunos policías adscritos al Departamento de Policía de La Guajira, entre los que se encuentran tres funcionarios en el grado de intendente y ocho en el grado de patrulleros, estaban realizando actividades asociadas al favorecimiento de contrabando, teniendo como foco los actos de corrupción”, indicó en su momento la Policía.

Sobre el caso, la Dirección de Investigación Criminal, Dijín, que encabezó la investigación, dijo que “en coordinación con el Grupo de Operaciones Estratégicas de Contrainteligencia y la Fiscalía General de la Nación realizó la captura de 11 integrantes de la institución activos, uno en retiro y cuatro agentes corruptores, quienes valiéndose de su cargo omitían el ejercicio de sus funciones constitucionales con el fin de permitir el ingreso de mercancía de contrabando proveniente desde Venezuela”.

El jefe de la Dijín, el general Fernando Murillo, indicó que “de igual manera se pudo asociar dentro del proceso que estos individuos aprovechaban su investidura para negociar de manera fraudulenta en la ciudad de Riohacha, con tráfico de estupefacientes, tráfico de armas de fuego, municiones, accesorios y demás delitos conexos, de los cuales obtenían utilidades significativas por un valor aproximado de 700 millones de pesos, provenientes de estos ilícitos”.