Este martes, el departamento de Estado de Estados Unidos certificó el desempeño de Colombia en el marco de la lucha antinarcóticos durante el año 2021. Una decisión que, palabras más o palabras menos, permite el desembolso de recursos que anualmente EE.UU. aprueba para Colombia.

En una carta enviada al Congreso, la subsecretaria de Estado Wendy Sherman, señala: “Certifico que el gobierno de Colombia ha venido implementando una estrategia nacional antinarcóticos con el objetivo de reducir los cultivos ilícitos y producción de coca en un 50 por ciento para el año 2023 y que tal estrategia no viola los acuerdos de paz que se firmaron en el 2016 entre el gobierno y las Farc”.

La suma puntual es de US $38 millones de dólares correspondientes al año fiscal 2021, específicamente.

Y es que la lucha contra las drogas, liderada por Estados Unidos (EE.UU.) y en trabajo conjunto con Colombia, siempre ha estado marcada por el enfoque policivo y de la interdicción del flujo de droga hacia el gigante norteamericano. El Plan Colombia materializó, en 1999, las aspiraciones del Gobierno estadounidense para que Colombia, el mayor productor de coca del mundo, se convirtiera en su aliado, contrarrestando esa realidad. Ahora, 20 años después de un fracaso que resulta evidente, parece ser que el enfoque de esa pelea ha cambiado.

En febrero de este año, la Policía Antinarcóticos y el Ministerio de Defensa plantearon en la nueva estrategia contra las drogas, llamada Esmeralda, para hacerle una guerra de frente a estos sitios.

De acuerdo con cifras del Ministerio de Defensa durante el actual Gobierno se han incautado 1.010.616 kilogramos de cocaína, 1.062.932 kilogramos de marihuana y se han destruido 8.625 laboratorios.

Con Barack Obama, en 2016, nació el plan Paz Colombia, materializado después de un encuentro entre Juan Manuel Santos y el secretario de Estado de ese entonces, John Kerry. Los pilares de este enfoque eran la lucha contra el crimen organizado, el apoyo al proceso de paz, el desarrollo rural y la erradicación de minas antipersonal.

En septiembre, se conoció que Estados Unidos pretendía modificar la manera en que ambos se aproximan a la problemática de los narcóticos, pues la realidad del país ha cambiado. La nueva estrategia tenía tres pilares: disminución de oferta, desarrollo rural con seguridad, justicia y protección del medioambiente.

Aún así, la erradicación sigue siendo fundamental en la aproximación, pero dada la complejidad de la problemática de la producción y comercialización de drogas ilegales, el enfoque pretende ser multidimensional. Según Heide Fulton, subsecretaria adjunta de Asuntos Antinarcóticos y Aplicación de la Ley de EEUU, Joe Biden respeta la autonomía de Colombia y por eso, insiste en que será decisión del Gobierno si decide o no asperjar con glifosato.

Si bien, todavía no es claro el costo que tendrá ni la forma precisa en que los dos países seguirán trabajando de la mano, definieron que los primeros proyectos serán implementados en Cáceres, Antioquia; Tumaco, Nariño y Sardinata, Norte de Santander, a modo de piloto, para después ampliarlos a otros municipios o zonas del país.

Fulton visitó Colombia para acercarse al Gobierno presencialmente y visitar algunos de los territorios afectados. En las zonas mencionadas, de todas maneras, también habrá trabajo en eliminación de minas, formalización de la propiedad de la tierra, incentivar el crecimiento de cultivos legales, mejorar la infraestructura vial, entrenamiento en prácticas de agricultura, capacitaciones en leyes de protección del medio ambiente y trabajo con la Policía.