Para el Tribunal Superior de Bogotá no existen “elementos de convicción” que permitan afirmar que la exministra de las TIC, Karen Abudinen Abuchaibe sufriera “algún daño” dentro del proceso que se adelanta contra Jorge Enrique López Benavides, quien fue el encargado de falsificar la documentación para que unión temporal Centros Poblados fueran los seleccionados para la adjudicación del contrato avaluado en 1,2 billones de pesos.
En el fallo de segunda instancia, se revocó la decisión emitida el 19 de octubre de 2022, por el juzgado primero penal de Bogotá, que acreditó a Abudinen como víctima dentro del proceso penal. En la decisión de 44 páginas se reclama el papel de la exministra durante el proceso de licitación y contratación del billonario convenio.
“La Sala observa que cada uno de los documentos -y sus adiciones- acreditan múltiples actuaciones llevadas a cabo por Karen Abudinen Abuchaibe -y otros individuos- con la finalidad de descifrar los supuestos de hecho que hoy son objeto de reproche penal”, analizó el Tribunal.
Sin embargo, para la Sala, “el interés por la búsqueda de la verdad y el deber como ciudadana y como servidora pública tenía de poner en conocimiento ciertas irregularidades no puede desnaturalizar los presupuestos legales y jurisprudenciales para el reconocimiento de la calidad de víctima, como acreditar la existencia de un daño real y concreto que sea consecuencia del ilícito investigado”.
En consecuencia, no existe una relación entre los daños morales que reclamó la exministra (afectación al buen nombre, honra, y vida) y los hechos por los que será condenado López Benavides, quien reconoció su responsabilidad en los delitos de falsedad en documento privado y fraude procesal. Los argumentos no “están dirigidos a demostrar, o al menos no lo acredita, que la presunta víctima haya sufrido un daño real y concreto”.
Frente a las manifestaciones que el escándalo en sí le causó daños y la llevaron a dimitir del cargo el Tribunal advierte que esta causa-consecuencia no tiene relación con el proceso penal en sí. “De cualquier forma, muchas personas que laboran en el Ministerio de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones pudieron ver empañado su nombre e, incluso, haber renunciado luego de tales hechos. Pero no por esa simple razón pueden presentarse como víctimas dentro de este proceso penal, donde los hechos investigados fuero claramente identificados en la imputación”.
Por estos hechos, se indica que exministra alegó que le ha tocado ir al psicólogo y que no tiene oportunidades laborales; considera que este caso marcó su carrera, afectando su integridad personal y la de su familia no cumple con ninguno de los requisitos para ser víctima en este proceso.
“(...) mal podría este Tribunal asumir que el contenido de la información difundida por los medios de comunicación transgredió el derecho a la honra de Karen Abudinen y, por otro lado, que sea esa circunstancia del delito investigado”, resalta la decisión.
El Contrato 1043 que se celebró en noviembre de 2020, tenía como objetivo la construcción de 7.277 centros educativos virtuales en los departamentos de Amazonas, Arauca, Bogotá, Bolívar, Boyacá, Casanare, Cauca, Chocó, Cundinamarca, Magdalena, Nariño, Putumayo, Quindío, Risaralda, Valle del Cauca y Vichada.
En la licitación, la unión temporal Centros Poblados (conformada por las empresas ICM Ingenieros, Intec de la Costa y Omega Buildings Constructora) presentó como soporte pólizas de seguros emitidas por el Banco Itaú con el fin de darles soporte y respuesta a los riesgos del contrato avaluado en un billón de pesos.
Poco tiempo después, ante las demoras en la instalación de los centros virtuales, el Banco Itaú le informó al Ministerio de las TIC que “no había expedido ninguna de las pólizas”, situación que motivó a que se convocara una revocatoria del billonario contrato. Para ese entonces, la unión temporal ya había recibido 70 mil millones de pesos para la compra de equipos.