La Contraloría prendió las alarmas por lo que sería un posible detrimento patrimonial en el que habría incurrido la Policía Nacional, con la compra de un lujoso jet por un valor cercano a los 12 millones de dólares, que traducido a pesos colombianos la cifra sería cercana a los $58.000 millones. Una costosa y lujosa aeronave que no tiene ningún tipo de utilidad operativa, sino que en realidad es para viajes cómodos de altos mandos.

Avión que compró la Policía Nacional y lo tienen en aprietos | Foto: Suministrada a SEMANA por la Contraloria

Las características de la aeronave hacen pensar sobre si la Policía necesitaba un avión de lujo en su inventario de aeronaves, teniendo en cuenta que la que adquirieron tiene accesorios de lujo. Sillas en cuero tan amplias como las que se encuentran en las salas de cine VIP.

Tiene detalles en mármol y un sistema automático para controlar las mesas de bar. Incluso, la aeronave cuenta con un sofá. El espacio para descansar los pies es amplio, esa es una de las razones por las que son menos puestos con los que cuenta ese avión, por el confort y espacio de los que están dispuestos.

SEMANA conoció que la Policía tiene listos sus argumentos para defenderse ante la Contraloría y demostrar que no hubo detrimento patrimonial.

Dentro de las explicaciones que entregaría la Policía al ente de control, se encuentra que la compra no la hizo la entidad directamente y que fue a través de la Corporación de la Industria Aeronáutica Colombia, una compañía que hace parte del grupo empresarial del Ministerio de Defensa.

Además, argumentará la Policía, que el jet cumple con las condiciones que se requieren para aterrizar en aeropuertos de difícil condiciones de acceso. Que el avión cuenta con cuatro configuraciones para ampliar su número de pasajeros, hasta llegar a 37 ocupantes.

También que el avión sirve para cumplir con los 18 convenios que tiene la Policía para movilizar funcionarios públicos de otras entidades, de acuerdo, que según conoció SEMANA, se tiene con entidades como la Procuraduría, el Ministerio de Justicia, la Contraloría, el Inpec, entre otros, le pagan entre 15.000 y 20.000 millones de pesos a la Policía, para sostenimiento y mantenimiento de las aeronaves en las que movilizan a sus funcionarios.

Avión que compró la Policía Nacional y lo tienen en aprietos | Foto: Suministrada a SEMANA

Según la Policía, la Fuerza Aérea, los traslados que cumplen de más de 40 personas en su flota. Para quienes participaron en la elaboración del informe para la compra del avión, se argumentará que no se trata de un avión de lujo, sino de gama media.

Además, que el avión, que es de segunda, llegaría al país listo para volar y libre de mantenimientos hasta el 2029, y que después de la fecha, la Fuerza Aérea o SATENA pueden realizarle los estos arreglos debido a que cuentan con aeronaves similares.

Así mismo, señalarán que la recomendación para la compra de la aeronave la hizo un comité técnico de la Policía y que quien tomó la última palabra para la adquisición de la aeronave fue la Corporación de la Industria de la Aeronáutica de Colombia.

Otro de los argumentos que entregará la Policía para la compra hace parte de un plan de renovación de la flota aérea de la institución por un valor de 200.000 millones de pesos, que comprendía la adquisición de seis aeronaves, tres tipo jet, y otros tres de otras características.

Documento del convenio entre la Policía y la CIAC, Corporación de la Industria Aeronáutica encargada de comprar el lujo avión por el cual la Contraloría advierte posible detrimento patrimonial. | Foto: Archivo particular

Por su parte, la Contraloría considera que posiblemente si hubo detrimento patrimonial en la adquisición del avión Legacy 600 tipo ejecutivo, o VIP, como se le conoce en el argot aeronáutico.

El primero de 19 hallazgos que encontró la Contraloría General de la Nación se relaciona con la adquisición de un avión ejecutivo de segunda tipo jet marca Embraer Legacy 600 para la Policía Nacional. Hay que señalar que la Ciac tiene como misión “impulsar con excelencia el desarrollo de la industria aeronáutica colombiana”.

Los implicados en la compra podrían ser sujetos de millonarias sanciones e incluso pagar cárcel al encontrarse responsables de las incidencias disciplinarias, fiscales y penales de los cuales alerta el ente de control.