La Procuraduría General de la Nación le acaba de “poner la lupa” a más de 19 entidades que son conocidas popularmente como “contrataderos”, para que informen sobre la ejecución de $ 3,3 billones provenientes de 918 convenios interadministrativos.
El ente de control investiga si estas organizaciones tenían la experiencia o no, o la idoneidad para ejecutar los respectivos proyectos, y si se adelantaron procesos de contratación con normas de derecho privado, seleccionando proveedores por medio de procedimientos de competencia restringida e incluso contrataciones directas, excluyendo a posibles competidores o presuntamente incumpliendo los principios de la función administrativa.
La información recaudada por la Procuraduría General de la Nación permitió establecer que de las 19 entidades denominadas “contrataderos”, 11 están ubicadas en Antioquia. Cuatro de esas empresas registran los valores más altos de este tipo de contrataciones con 331 contratos que superan en su conjunto los $ 2,3 billones. Lo cual llama la atención del Ministerio Público por el monto.
Se advierte, además, que la mayoría de estos 918 convenios interadministrativos fueron suscritos con alcaldías municipales de diferentes regiones del país.
Asimismo, el Ministerio Público busca establecer si por medio de la celebración de estos convenios, las entidades, en especial las del orden territorial, obviaron la obligatoriedad de los documentos tipo expedidos por Colombia Compra Eficiente.
La Procuraduría encontró también que 95 convenios suscritos por cinco alcaldías de ciudades capitales por más de $ 595 mil millones, y 17 celebrados por cinco gobernaciones que superan los $ 54 mil millones.
Contratos por prestación de servicios: las entidades del Estado que ya adelantan el proceso de formalización laboral
En el marco de esta actuación preventiva, la Procuraduría realizará mesas de seguimiento y de control de gestión con las entidades contratantes y contratadas con el fin de vigilar la ejecución del presupuesto público y realizar las advertencias a las que haya lugar con el fin de mitigar riesgos de gestión pública.
De otra parte, el Ministerio Público exhortará al Gobierno nacional para que se presente un proyecto de ley que reglamente la contratación entre entidades públicas a efectos de que garantice el cumplimiento de los principios orientadores de la contratación pública.
El Plan de Formalización Laboral del Empleo Público, que lidera el Departamento Administrativo de la Función Pública, ha recibido solicitudes de 49 entidades a nivel nacional y 168 en el orden territorial que se quieren acoger a este proceso para ir poniendo fin a los contratos por prestación de servicios.
El plan de formalización laboral busca garantizar la estabilidad laboral y el pago de prestaciones sociales de las personas vinculadas con el Estado, dignificando sus habilidades.
Ese plan está compuesto por tres momentos: compromiso, creación y provisión, dentro de los cuales se desarrollarán actividades que permitirán que las entidades, que así lo decidan, cumplan con los objetivos de formalización en el empleo público.
No obstante, a pesar de que desde comienzos de este año el Gobierno emitió la directiva en la que pide a las entidades del Estado no firmar contratos por prestación de servicios de más de cuatro meses, en el marco de la formalización, en la práctica esta instrucción no se está cumpliendo en la mayoría de las entidades.
SEMANA consultó la contratación en diferentes entidades y todas están vinculando personal a través de esta modalidad por más de 10 meses.