La Comisión Nacional de Disciplina Judicial sancionó a la exfiscal Carmen Sofía Castilla Villero, con destitución e inhabilidad general por 15 años, por pedir una millonaria suma a un empresario a cambio de favorecerlo en un proceso judicial.
En este caso, la exfiscal incurrió, según los magistrados de la Comisión Nacional de Disciplina Judicial, en el delito conocido como concusión.
Fue con ponencia de la magistrada Magda Victoria Acosta Walteros, que la Comisión de Disciplina encontró probados hechos de corrupción de parte de la funcionaria que fungía como fiscal seccional de Bogotá, quien, según advierte la decisión, “valiéndose de las funciones legales y constitucionales que le atribuía su investidura, contactó a un ciudadano que figuraba como investigado en uno de los asuntos que instruía su despacho”.
Y agrega la decisión de la Comisión: “Posteriormente, la entonces fiscal citó y se reunió con el ciudadano investigado en un reconocido centro comercial de la capital, para coaccionarlo a que le prometiera una gruesa suma de dinero a cambio de favorecerlo en el asunto penal seguido en su contra por Falsedad en Documento Privado y, además, manifestarle que en el futuro podían ‘negociar’ otras investigaciones que también estaban en su despacho”.
En este caso, grabaciones de audio, videos, sábanas de llamadas, chats cruzados de WhatsApp, testimonios e informes de policía judicial, fueron determinantes en la investigación para determinar la responsabilidad de la exfiscal.
Para la Comisión Nacional de Disciplina Judicial, “conductas como la investigada, ameritan una sanción drástica y ejemplar, pues la jurisdicción, al encargarse de velar por el correcto funcionamiento de la actividad jurisdiccional, no puede permitir que casos excepcionales contribuyan a perjudicar la imagen misma de la justicia y la dignidad que conlleva prestar labores al interior de ella, bien sea como funcionarios, empleados judiciales o particulares en ejercicio de funciones públicas”, señala el alto tribunal.
Otro caso polémico que estudia la Comisión de Disciplina Judicial
En mayo de 2022, el nombre del abogado bumangués Julián Fernando Duarte Ballesteros se convirtió en una de las principales tendencias de las redes sociales luego que radicara cerca de 840 recursos de habeas corpus para solicitar la libertad de centenares personas de las que alegaba se encontraban detenidas ilegalmente en las estaciones de Policía en la capital de Santander y su zona metropolitana.
La avalancha de recursos judiciales colapsó el sistema y obligó a que, irónicamente, el viernes 13 de mayo se firmara una resolución para convocar de urgencia a todos los jueces y magistrados del Distrito Judicial de Bucaramanga a trabajar durante todo un fin de semana para resolver las pretensiones, pues tenían que resolver estos recursos en menos de 36 horas, como señala la ley.
Tras radicar los habeas corpus, el jurista publicó un mensaje en su cuenta de Facebook, en el que advertía que las personas privadas de su libertad tenían derecho a una millonaria indemnización por parte del Estado, por lo cual puso sus datos de contacto y página web.
En esa oportunidad, el abogado se fue en blanco puesto que no logró que se avalara ningún habeas corpus, ya que estaban incompletos y no decían, si quiera y en muchos casos, los datos de las personas que quería que fueran dejadas en libertad y que, según él, ya llevaban más de diez días retenidas en las estaciones de Policía.
Teniendo en cuenta la afectación causada, se pidió investigar disciplinariamente al profesional del Derecho al considerar que su actitud denotaba una “temeridad” de su “masivo accionar y el claro interés en congestionar y colapsar el aparato judicial, sin estar siquiera legitimado para actuar”. Diez meses después, la Comisión Seccional de Disciplina Judicial de Santander abrió investigación para establecer si incurrió en una falta.
Sin embargo, el ahora investigado ya anunció que pondrá la situación que motivó la avalancha de habeas corpus ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) manifestando que a la población privada de su libertad se le han vulnerado reiterativa y sistemáticamente sus derechos.
Su defensa aseveró, además, que la radicación de los recursos judiciales de carácter correctivo los hizo Duarte en calidad de veedor ciudadano y no como abogado. Igualmente, sus acciones buscaron que se protegieran los derechos humanos de estas personas privadas de la libertad en medio de una grave situación de hacinamiento.