Finalmente, se conocieron las condiciones de un acuerdo que se firmará entre la Fiscalía y el coronel Benjamín Núñez, en el marco de la investigación por el asesinato de tres jóvenes en el departamento de Sucre, el oficial pagaría una pena de 29 años de cárcel.
La pena quedó luego de un análisis hecho por la Fiscalía tras la imputación de cargos que incluyó los delitos de homicidio agravado, falsedad en documento público, privación ilegal de la libertad y manipulación, alteración o destrucción de elemento material probatorio. Cargos que el coronel no aceptó plenamente convencido de llegar a un acuerdo con el ente acusador.
El acuerdo, según explicaron fuentes de la Fiscalía, incluyó además un compromiso del coronel Benjamín Núñez de colaborar con la investigación, no solo contra los uniformados que se encuentran privados de la libertad, sino de hechos anteriores a la masacre de los tres jóvenes, que podría dejar nuevas imputaciones.
El coronel Benjamín Núñez, al conocer la orden de captura que corría en su contra, salió del país, desde la ciudad de Cartagena hasta México, el lugar donde finalmente se entregó, ante el consulado, informando que era requerido por la justicia de Colombia. De regreso, la Fiscalía lo presentó ante un juez de control de garantías, le imputó cargos y desde ese momento anticipó que buscaría un acuerdo con la justicia.
“La verdad yo quiero estar en mis cinco sentidos, la verdad apenas me comí una ensalada de frutas, estoy pendiente de que suspenda para poder ir al baño, la verdad me siento cansado y usted reconsidera, déjeme descansar por favor”, dijo el coronel Núñez al juez tras pedir el uso de la palabra durante la audiencia en la que negó los cargos imputados.
El acuerdo fue socializado con las víctimas, las familias de los tres jóvenes que fueron asesinados, aparentemente por el coronel Benjamín Núñez, sin embargo, no entregaron copia de dicha negociación, hasta tanto quede firmado por las dos partes: el ente acusador y el procesado.
Luego de la firma, el acuerdo tendría que ser presentado ante un juez para que imparta legalidad a la negociación entre la Fiscalía y el coronel. En ese escenario, las víctimas se podrán pronunciar que de forma anticipada aseguraron se opondrán a cualquier tipo de negociación con el coronel, por considerar que es necesario imputar el delito de tortura.
“En este escenario, y solo con estos dos EMP citados, es fácilmente deducible que el Coronel en su momento, por su jerarquía, grado y cargo, tenía conocimiento, consintió, permitió y muy posiblemente además de asesinarlos, participó de las lesiones previas ocasionadas a estos jóvenes, pues él fue quien recibió y tomó el control desde el lugar donde los detienen, donde empezó la tortura, hasta el momento en que los entrega muertos en urgencias de la clínica”, señalaron las víctimas.
El acuerdo seguramente genera polémica entre la Fiscalía y las víctimas, pues han sido claros en advertir que esperan llevar a un juicio al coronel Núñez. En su criterio, existen los elementos de pruebas son suficientes para demostrar su responsabilidad en el asesinato de los tres jóvenes y ofrecerle algún tipo de beneficio, atenta de manera directa contra las familias de los jóvenes masacrados.