La novela político-judicial de la suspensión y el proceso disciplinario contra el ministro de Relaciones Exteriores, Álvaro Leyva, está escribiendo un nuevo capítulo. Mientras el alto funcionario no acata la sanción de tres meses, por su intervención presuntamente irregular en la licitación para la entrega de pasaportes, sigue expidiendo decretos como si nada hubiera pasado. Sin embargo, el juicio disciplinario ya está listo para empezar.
La Sala Disciplinaria de Juzgamiento de la Procuraduría General de la Nación fijó para el próximo 15 de febrero de 2024 el inicio del juicio verbal contra el ministro de Relaciones Exteriores, Álvaro Leyva Durán, por las presuntas irregularidades que se presentaron en la licitación de pasaportes, el cual tendrá lugar en la sede de la Entidad.
Aunque el mismo presidente Gustavo Petro ha pretendido presentar la sanción como una persecución contra sus funcionarios, es claro que Leyva es investigado por asuntos puntuales que tendrá que explicar.
¿Por qué tumbó de un plumazo la licitación que había ganado, de acuerdo con las normas, la firma Thomas Greg & Sons? ¿Por qué declaró la urgencia manifiesta para entregar a gusto el contrato de entrega de pasaportes? ¿Por qué no acató ni escuchó las recomendaciones de la Agencia de Defensa Jurídica de la Nación y del Comité de Contratación de la Cancillería para conciliar con Thomas Greg & Sons y así evitar demandas contra el Estado con alta probabilidad de perder?
Por eso, la Procuraduría informó que, “ese día, el canciller tendrá la oportunidad de hacer los descargos que considere necesarios y presentar las pruebas que tenga para desvirtuar las dos faltas disciplinarias endilgadas, calificadas de manera provisional como gravísimas, cometidas a título de dolo”.
Nuevamente, en un comunicado, la Procuraduría, ratificó el motivo por el cual el canciller Leyva inicia juicio disciplinario. No son un capricho “las causas por las que se adelanta el proceso por el que se profirieron cargos el pasado 24 de enero, tiene que ver con haber declarado desierta la licitación 001 de 2023, y decretar la urgencia manifiesta durante el desarrollo del trámite contractual, sin que, al parecer, hubiera causales para adoptar esas determinaciones”.
Finalmente, el organismo de control señaló que la consulta formulada sobre la suspensión provisional por tres meses a Leyva Durán debe ser resuelta por el despacho de la procuradora general de la nación, trámite este totalmente independiente del juicio verbal que adelantará la Sala Disciplinaria Ordinaria de Juzgamiento.
La procuradora Margarita Cabello tiene plazo hasta la próxima semana para resolver esta consulta. Por eso, no ha dicho ni una sola palabra sobre la decisión del Gobierno y del canciller Leyva de no acatar la sanción, pues podría ser recusada.