Un patrullero de la Policía de Bogotá se encuentra en el ojo de las autoridades, luego de que una denuncia ciudadana lo señalara como el responsable de la “pérdida” de un teléfono celular. El hecho, que ha generado indignación en la comunidad, fue confirmado por la propia institución.
Todo comenzó el pasado 13 de febrero, cuando un ciudadano reportó la pérdida de su teléfono celular. Lo que no imaginaba la víctima era que su equipo móvil terminaría en las manos de un uniformado, quien, al parecer, se habría aprovechado de su cargo para cometer el hurto.
Gracias al rastreo del dispositivo, las autoridades lograron ubicar el celular dentro de una instalación policial. De inmediato, se dio inicio a una investigación disciplinaria para esclarecer lo sucedido.
Las pesquisas no tardaron en dar sus frutos. Las autoridades identificaron al patrullero como el responsable de la desaparición del equipo móvil. Ante las contundentes pruebas en su contra, el uniformado fue separado de su cargo mientras se adelanta la investigación disciplinaria.
La institución fue enfática en señalar que este tipo de hechos no representan el actuar de la mayoría de los hombres y mujeres que integran la fuerza pública. A través de un comunicado, la Policía Metropolitana de Bogotá rechazó categóricamente el comportamiento del patrullero y reiteró su compromiso con la transparencia y la lucha contra la corrupción.
“Este Comando rechaza cualquier tipo de comportamiento que vaya en contra de la Política de Integridad Policial, y que no representa el actuar de los hombres y mujeres policías que todos los días entregan lo mejor de su humanidad al servicio de los bogotanos”, indica el comunicado.
El caso del patrullero que presuntamente hurtó un celular ha generado indignación en la comunidad. A través de las redes sociales, los ciudadanos han expresado su rechazo a este tipo de comportamientos y han exigido a las autoridades que se imponga una sanción ejemplar, en caso de resultar culpable.
La investigación disciplinaria contra el patrullero continúa en curso. Se espera que, en los próximos días, se determine la responsabilidad del uniformado y se tomen las medidas disciplinarias correspondientes.
Patrullero resultó ser aliado estratégico del Clan del Golfo
De otro lado, en un fallo de primera instancia, la Procuraduría General de la Nación tomó la decisión de destituir e inhabilitar por 10 años para ejercer empleos públicos al patrullero William Moreno Terán, quien formaba parte del comando de la Policía en Chigorodó, Antioquia. Este drástico castigo se impuso tras comprobarse que el patrullero mantenía vínculos ilegales con la peligrosa organización criminal Clan del Golfo.
La investigación disciplinaria llevada a cabo por la Procuraduría reveló que el uniformado acordó con miembros de dicho grupo armado organizado la entrega periódica de información crucial sobre la presencia, movimientos y acciones de la fuerza pública en la zona y sus alrededores. Este accionar comprometido se tradujo en la facilitación de actividades delictivas. El servidor público utilizaba su posición para transmitir datos institucionales a través de mensajes de texto y llamadas telefónicas.
Según las acusaciones, mientras Moreno Terán se desempeñaba en su cargo, entre octubre de 2019 y agosto de 2021, habría proporcionado información sobre la presencia de las fuerzas de seguridad en la zona y los resultados de actividades delictivas perpetradas por el grupo ilegal, a cambio de compensación económica.
El Ministerio Público también constató que, a cambio de sus servicios, el patrullero recibía una remuneración económica cada 15 días, lo que evidencia un actuar corrupto y una clara traición a los principios y objetivos de la institución policial. El incumplimiento de la misión de proteger a la comunidad y ser un ejemplo para la sociedad fue señalado como una falta grave por parte del funcionario.
Además de los cargos relacionados con su función pública, la Procuraduría determinó que el patrullero Moreno Terán vulneró el principio de moralidad administrativa, afectando la integridad y confianza que la ciudadanía deposita en las fuerzas de seguridad.
La Procuraduría Delegada Disciplinaria de Juzgamiento 1 calificó la conducta del patrullero como gravísima y a título de dolo, subrayando la gravedad de sus acciones y la necesidad de aplicar medidas ejemplares para preservar la integridad y la confianza en las instituciones encargadas de velar por la seguridad.