En fallo de primera instancia, la Procuraduría General de la Nación sancionó con multa de más de $1.900 millones e inhabilidad de 20 años para ejercer cargos públicos al representante legal del Consorcio Interventoría Estadio 2014, Luis Alfonso Trujillo Briñez, por los incumplimientos en la ampliación, adecuación y remodelación del estadio de fútbol Guillermo Plazas Alcid, de Neiva.
La Procuraduría Delegada Disciplinaria de Juzgamiento 2 llevó a cabo una investigación disciplinaria después del colapso de la tribuna occidental, que resultó en la muerte de cuatro obreros y lesiones a diez personas más en 2016.
El Ministerio Público encontró que el interventor “no tomó las precauciones más elementales” para garantizar la seguridad de los trabajadores y “no exigió que se realizara el adecuado reforzamiento de las estructuras de la tribuna occidental del estadio antes de hacer las nuevas graderías, conforme lo establecía la licencia de construcción, ni acreditó la solicitud de estudios o cálculos para la repotenciación de las existentes”.
Asimismo, el ente de control señaló que el representante legal tampoco evaluó la calidad y estabilidad de los cimientos, “dejando de actuar conforme a los principios de eficacia y eficiencia para el logro de los fines del Estado a través de la contratación de obra pública”.
“El interventor incumplió sus obligaciones al no adelantar oportunamente la inspección y control de la calidad de los bienes recibidos, lo que produjo un grave daño social al municipio, por el incumplimiento del contrato de interventoría, la suspensión de los giros provenientes del sistema general de regalías a la entidad territorial y el acceso al derecho al deporte y la recreación de los neivanos”, indicó la Procuraduría.
El Ministerio Público calificó la falta del disciplinable como gravísima a título de culpa gravísima por desatención elemental e indicó que el mismo puede ser apelado ante la sala ordinaria disciplinaria de juzgamiento.
Sobre la determinación de la Procuraduría General, hasta el momento, no se ha pronunciado el Consorcio Interventoría Estadio 2014.
La comunidad en Neiva, por su parte, pide que al organismo de control que ponga sus ojos sobre otras obras públicas que se adelantan en la ciudad para que sean verificados los requisitos de contricción, así como las condiciones de seguridad laboral.
Procuraduría sobre detrimento en Guainía
En otras acciones de la Procuraduría General, la entidad formuló pliego de cargos contra el secretario de Planeación de Guainía, Helmer Ferney Vivas Oquendo, por posibles irregularidades relacionadas con el proyecto de construcción del relleno sanitario para la capital del departamento, que terminó siendo ejecutado por más de $ 1.700 millones del valor estipulado.
Al parecer, el exfuncionario no habría realizado un proceso de planeación adecuado de este proyecto de construcción del relleno sanitario El Colibrí, en Inírida, que radicó para viabilización, ante el viceministerio de Agua y Saneamiento Básico.
En consecuencia, “este proyecto que se planeó con un presupuesto de $ 2.318.939.854 y cinco meses de ejecución conllevó, aparentemente por una indebida planeación, a tres reformulaciones parte de la cartera de Vivienda y terminó siendo ejecutado en dos años y cuatro meses con un presupuesto final de $ 4.040.2.482, por obras y actividades adicionales previsibles al momento de su planeación”.
A juicio de Ministerio Público, Vivas Oquendo “habría omitido su función de dirigir la evaluación de gestión y resultados de los planes y programas de desarrollo e inversión que adelantaba el departamento, coordinar la ejecución de las obras, pronunciándose sobre la conveniencia financiera, social y arquitectónica de los proyectos, así como organizar y dirigir los trabajos de construcción de las obras”.
Esta conducta que, de acuerdo con la Procuraduría habría generado un posible detrimento al patrimonio público, fue calificada provisionalmente como gravísima a título de culpa gravísima.