Un no rotundo recibió la solicitud promovida desde el Gobierno para dejar en libertad a cuatro de los designados gestores de paz en la ciudad de Neiva.
El juzgado cuarto penal municipal con función de control de garantías de la capital del Huila rechazó la pretensión elevada desde la Oficina del Alto Comisionado de Paz al considerarla improcedente.
En la decisión judicial, emitida este jueves 26 de enero, se advirtió que no existían motivos de fondo para levantar la medida de aseguramiento emitida en contra de estos jóvenes, quienes en diciembre pasado fueron nombrados gestores para el proyecto de la ‘paz total’. Debido a esto, Andrés Felipe Yara Vargas, conocido con el alias de Payaso; Kevin David García Mosquera, Edwin Herrera Pimentel y Cristian Andrés Reyes Cuéllar, seguirán privados de la libertad.
“El despacho no accedió a las peticiones elevadas por la defensa, toda vez que resultan improcedentes a la luz de los argumentos expuestos”, sentenció el juzgado.
En el análisis jurídico del caso se determinó que, por el momento, no hay una resolución clara para levantar las medidas de aseguramiento que fueron impuestas por los respectivos jueces, como lo señala la ley, atendiendo las peticiones hechas por la Fiscalía.
“Frente a la suspensión de órdenes de captura que tan solo está prevista para quienes tienen la condición de miembros representantes de las organizaciones armadas al margen de la ley y de las estructuras armadas organizadas de crimen de alto impacto, además de voceros de grupos armados, excluyendo a los voceros integrantes de organizaciones sociales, humanitarias designadas por el presidente”, aseveró.
Debido a esto, consideró que se debe respetar la separación de poderes que reza la Constitución Política de Colombia.
Por esto, el proceso penal contra estos cuatro jóvenes por los delitos de secuestro, terrorismo, incendio agravado, hurto calificado y agravado, porte ilegal de armas de fuego, perturbación en el transporte público colectivo, obstrucción a las vías públicas y concierto para delinquir deberá proseguir.
En mayo pasado, la Fiscalía General los vinculó formalmente a un proceso penal por diez eventos delictivos ocurridos entre mayo y julio de 2021, durante las jornadas de protesta social. Los elementos de prueba dan cuenta de que incineraron vehículos de servicio público, el CAI del barrio Cándido, en Neiva, y una estación de servicio, en Palermo (Huila).
El fiscal del caso aseguró que estas personas estarían involucrados en hurtos y saqueos a supermercados, así como a la exigencia de dinero a un transportador de carga para permitirle pasar con mercancía, el 29 de mayo de 2021.
De otra parte, hay elementos de prueba sobre el robo de un arma traumática a un hombre, a quien, supuestamente, agredieron y se apoderaron de sus pertenencias.
El día 3 de junio de 2021 habrían hurtado un revólver y retuvieron a su propietario, el conductor de un vehículo que transportaba medicamentos. Ese mismo día, un médico que trabajaba en el área de urgencias de una clínica ubicada en el barrio Los Andaquíes también fue secuestrado y llevado a un centro universitario. Con esto buscaban que atendiera a un integrante de primera línea.
Los controles técnicos a las comunicaciones y la evidencia fílmica dan cuenta de la participación de los hoy procesados en estos hechos, y cómo uno de ellos, disfrazado de payaso, incitaba para que la violencia aumentara y se burlaba de las víctimas.
Cuando fue capturado, el hombre –quien hacía parte de una organización llamada Retazos Clown– se burló de las autoridades, imitando a los policías y de los hechos que le narraban para sustentar su detención. Esto, pese a las evidencias fílmicas y la avalancha de testimonios que existían en su contra.
En dicha audiencia, los jóvenes se declararon inocentes de los hechos materia de investigación.