La Procuraduría acaba de abrir una investigación disciplinaria contra el gobernador de Santander, Mauricio Aguilar Hurtado, porque presuntamente manipuló pruebas a favor de su hermano, el excongresista Richard Aguilar.
Cuenta la Procuraduría que “el 19 de agosto de 2021, Fabián Díaz Plata, en su condición de representante a la Cámara, presentó queja disciplinaria en contra de Mauricio Aguilar Hurtado, en su calidad de gobernador de Santander, por presuntamente estar manipulando material probatorio y realizando acciones que estarían favoreciendo a su hermano Richard Aguilar Villa, quien está siendo investigado por la Corte Suprema de Justicia (ahora por la Fiscalía) por la presunta comisión de delitos como celebración indebida de contratos, interés indebido en la celebración de contratos, concierto para delinquir, peculado por apropiación, entre otros, lo que habría ocurrido durante las vigencias 2014 y 2015″.
De acuerdo con el representante, las presuntas irregularidades en las que pudo incurrir el gobernador de Santander son: “Desaparecimiento y ocultamiento de documentos pertinentes que podrían comprometer la responsabilidad penal de Richard Aguilar Villa, pues aseguraron que se había perdido una caja completa de expedientes”.
Además, señala la Procuraduría, “asegura que envío de documentación falsa a la Corte Suprema de Justicia relacionada con la adición del contrato para el reforzamiento de la villa olímpica, que serviría de prueba dentro del proceso que se adelanta contra Richard Aguilar Villa”.
Y también se menciona: “Celebración de contrato entre la Gobernación de Santander y los abogados Iván Cancino y Sócrates Alan Saavedra, quienes en la actualidad son los abogados de confianza de Richard Aguilar Villa, lo que configuraría un conflicto de interés en la Gobernación de Santander; en tanto, está contratando a los abogados que están actuando en el proceso del exgobernador”.
La investigación en este caso –el de Richard Aguilar– viene de cuando fue gobernador de Santander y, aunque el foco está puesto entre 2014 y 2015, en su mandato habrían existido presuntas irregularidades contractuales que pueden terminar abriendo una caja de Pandora con un carrusel mayor. Los investigadores revisan la evidencia y los testimonios de Claudia Yaneth Toledo Bermúdez, secretaria de Infraestructura de Santander en el periodo del hoy capturado, y de Lenin Darío Pardo Pulido, esposo de Toledo y quien también era contratista de la Gobernación de Santander.
Cuando el excongresista fue capturado, el abogado Iván Cancino señaló en diálogo con SEMANA: “En la detención, para que la gente lo entienda y no sea ligera en los comentarios, hay dos testigos que dan su opinión independientemente de que yo no les crea. Así que para seguir la investigación, pues obviamente había mérito; lo que yo no comparto es en una privación de la libertad porque es un hecho de cuando él era gobernador. Han pasado más de seis años, no hay urgencia de la medida; él (Aguilar) no tiene poder de contratar y por eso interpuse el recurso de reposición para decirle a la Corte que la medida de privación de la libertad en establecimiento penitenciario es equivocada”.
El Ministerio Público también pidió a la Corte Suprema, específicamente a la Sala de Instrucción, si dentro del proceso penal hay respuestas claras de los requerimientos que se han hecho a la Gobernación de Santander.