Un revuelo en el país se desató por el anuncio del presidente electo del Pacto Histórico Gustavo Petro sobre su intención de eliminar la Procuraduría General de la Nación, postura que algunos sectores apoyaron, pero otros han criticado profundamente.

Una de las voces que se sumó al rechazo estuvo a cargo de la vicepresidenta y canciller, Marta Lucía Ramírez, quien calificó como una “propuesta delicada” suprimir el Ministerio Público, recordando a su vez que esa entidad tiene funciones fundamentales de control.

“Pues a mí me parece que ese tipo de propuestas realmente son delicadas porque creo que los organismos de control hay que hacerlos cada vez más eficientes pero no desmontarlos, porque cuando no hay quien ronde al gobierno eso se vuelve peligroso, la Procuraduría tiene esa función”, sostuvo Ramírez.

Y agregó la alta funcionaria del Gobierno nacional: “La Procuraduría es la que ejerce el control disciplinario sobre toda la rama ejecutiva del poder público y si desaparece, ¿quién hace ese control disciplinario?, entonces no podría quedar más de un poder público arbitrario y eso jamás sería bueno para la salud de la democracia”.

“Pero si se hacen reformas para hacerla más eficiente, para hacerla más contundente, pues yo creo que la reforma siempre tiene que estar abiertos a considerarla y apoyarla pero una eliminación ya son palabras mayores”, explicó Marta Lucía Ramírez.

Sin embargo, esta semana en una entrevista con La W, el presidente electo Gustavo Petro anunció que, dentro del paquete de proyectos que trae su nuevo gobierno, estará la radicación de un proyecto de ley para eliminar la Procuraduría.

Según señaló, será un tema gradual y cumplirá con un fallo de la Corte Interamericana de Derechos Humanos: “Lo que vamos a hacer es hacerle caso a la sentencia de la corte y de paso respetar la convención americana”, dijo.

Así mismo, explicó que esto no significa que se despedirá a las personas que trabajan en el organismo de control. “No echaremos a la calle a miles de empleados que tiene la Procuraduría y que están ligadas a los ejes jurídicos y al derecho disciplinario”, explicó.

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La Procuraduría tiene en la actualidad 4.300 empleados de planta aproximadamente y unos cientos más como contratistas.

Indicó que, tal como lo dijo en su propuesta de campaña y dando coherencia a la convención americana, la Procuraduría pasará al poder judicial.

“La Procuraduría pasará al poder judicial y se volverá en la gran fiscalía anticorrupción”, precisó el presidente electo. Sin embargo, subrayó que no se trata de algo que vaya a pasar de la noche a la mañana porque es una reforma constitucional que tiene sus vueltas legislativas.