¿Pueden las autoridades colombianas capturar o dar de baja a los guerrilleros de las disidencias de las FARC que, como alias Iván Márquez y El Paisa, viven en territorio venezolano protegidos por el régimen de Nicolás Maduro, pero delinquen en Colombia?
Eso fue lo que esta mañana el presidente Iván Duque y su alto consejero para la seguridad, Rafael Guarín, respondieron a la solicitud de Márquez de iniciar un diálogo para una “paz completa”.
Guarín dijo que lo harían antes de terminar este gobierno. Lo uno o lo otro.
¿Pueden hacerlo?
La respuesta es no, pero sí.
No, porque en principio ninguna autoridad colombiana puede entrar ni a Venezuela ni a ningún otro país a hacer justicia, así sea en relación con ciudadanos de su país, porque eso es violatorio de todas las leyes y tratados internacionales y de las soberanías de esos países.
Sí, porque Colombia ya lo ha hecho en ocasiones anteriores con guerrilleros de esa organización. Los ha dado de baja y los ha capturado.
El primer caso fue el del llamado ‘Canciller de las FARC’, Rodrigo Granda, quien estando en Venezuela terminó capturado y preso en las cárceles colombianas. Granda realizaba actividades internacionales para las FARC entonces y era muy monitoreado por las autoridades colombianas.
Las versiones son confusas, pero Granda asegura que fue “secuestrado” en Caracas y llevado hasta la frontera donde habría sido entregado a las autoridades colombianas.
El 15 de diciembre de 2005, el entonces director de la Policía, Jorge Daniel Castro, anunció la captura de Granda y dijo que había sido interceptado en plena calle de Cúcuta.
En su momento, el director del periódico Voz Proletaria, Carlos Lozano, dijo que Granda había sido “secuestrado” en Venezuela por agentes que se identificaron como de la Disip (autoridades de ese país), y entregado luego en la frontera a autoridades colombianas.
Lozano, inclusive, narraba que el secuestro de Granda había ocurrido en “la cafetería Roseli, en frente de una estación del metro en la ciudad de Caracas, el lunes 13 de diciembre, hacia las 4 de la tarde”.
El caso es que Granda apareció en poder de las autoridades colombianas y nunca se supo con rigor cómo se produjo su captura.
En otro caso sonado, en 2008, el gobierno del presidente Álvaro Uribe dio de baja a Raúl Reyes, secretario general de las FARC, quien había huido a Ecuador y tenía montado todo un cuartel de operaciones en territorio de ese país, al parecer con la tolerancia del entonces gobierno de Rafael Correa.
Mediante una operación militar que puso en alta tensión las relacione entre los dos países, Colombia bombardeó el asentamiento guerrillero en Ecuador y dio de baja al jefe guerrillero y a 17 compañeros más. Las relaciones entre los dos países llegaron a niveles críticos. El presidente Uribe acusó a Correa de haber recibido financiación de las FARC.
Finalmente, Uribe ofreció excusas a Correa, este las aceptó y las relaciones entre los dos países se normalizaron.
En enero de 2004, el dirigente guerrillero de las FARC, Ricardo Ovidio Palmera Pineda, alias Simón Trinidad, fue capturado en Ecuador, en un operativo en el que participaron las autoridades de los dos países. Las autoridades colombianas de entonces le hicieron seguimiento a Trinidad por muchos meses, con el respaldo de las ecuatorianas, y cuando dieron el golpe, lo hicieron de manera coordinada.
El último caso que trascendió fue el de Jesús Santrich, dado de baja en Venezuela el pasado 17 de mayo.
Nada está claro sobre los responsables de la muerte de Santrich, pero el principal enemigo del guerrillero era el Gobierno colombiano. Santrich, quien ostentaba la investidura de congresista, huyó a Venezuela al ser encausado penalmente por vínculos con el narcotráfico, después de la firma del Acuerdo de Paz de La Habana.
A Santrich lo dieron de baja cerca de su campamento en territorio venezolano, cerca de la frontera, y nadie se atribuyó el hecho.