Vuelve y juega. Por tercera vez en menos de tres años el representante Mauricio Toro volvió a radicar el proyecto que busca regular las plataformas digitales de transporte como Uber, Didi o Beat. El tema genera sensibilidad.
De hecho, hace apenas algunos meses este mismo proyecto fue hundido por la Comisión Sexta de la Cámara, tras el anuncio de un grupo de taxistas de manifestaciones en el país para hacerle frente a la operación de plataformas.
La presión que se ejerció en ese momento en el Congreso fue tan fuerte, que los miembros de esta comisión citaron a sesionar un domingo, un día completamente atípico para el trabajo de los congresistas con el fin de hundir en tiempo récord esta iniciativa.
Desde la Asociación de Propietarios y Conductores de Taxi insisten en que no se puede legalizar el uso de vehículos particulares para prestar un servicio público, e incluso señalan que también seguirán recurriendo a las vías legales para frenar que plataformas tipo Uber y DiDi mantengan sus carros en las calles.
A pesar de este ambiente tan adverso, el congresista Toro aseguró que se la va a jugar a fondo por este proyecto en el último tramo de este Congreso, cuando la actividad legislativa se cruza con la campaña.
“Estamos acostumbrados a que nos digan que nuestras propuestas son imposibles. Nos pasó con la Ley de pago a plazos justos, Ley de Comida Chatarra y ley de prohibición al asbesto. Nos hemos enfrentado a gremios más grandes y poderosos y lo hemos logrado”, dijo el congresista de la Alianza Verde.
El proyecto del representante Toro busca eliminar las cargas que tienen hoy los taxis y ponerles algunas obligaciones a las plataformas, de tal manera que se equilibre la cancha y puedan participar en igualdad de condiciones en el mercado. Esta ha sido denominada como la ley para ‘equilibrar la cancha’.
Por ejemplo, el texto del proyecto busca eliminar los sistemas de cupos de taxis. Para ello, se establece que se les compre el cupo a los vehículos de transporte público individual (los taxis) que actualmente circulan por el país. Dichos recursos saldrían de un fondo de compensación que será alimentado por el 3 por ciento de cada servicio facturado por las plataformas de transporte.
Igualmente, las tarifas de las plataformas se fijarían por libre competencia para que los usuarios escojan las que se ajusten mejor a sus bolsillos. Y los taxistas podrían tener una tarifa dinámica, siempre y cuando se usen dispositivos electrónicos y aplicaciones para su cálculo y control.
También se establece que las plataformas digitales deben tener las mismas pólizas y demás seguros que tienen hoy las taxistas.
Pero la regulación no solo caería sobre las plataformas sino también sobre los conductores. En ese sentido, queda estipulado que, así como los taxistas tienen que ir cada tres años a refrendar su licencia, demostrar que tienen habilidades, capacidades, que ven y oyen bien, los conductores de plataformas también deben hacerlo.
Finalmente, el texto señala que las empresas dueñas de estas plataformas tienen que radicarse en Colombia y pagar impuesto como renta y complementarios. Este es un punto en el que ha habido diferencias con estas organizaciones, pues han señalado que no son empresas de transporte.
“Nos permitimos señalar que seguimos convencidos de que Colombia es un país democrático, que debe garantizar el derecho que tienen todos los ciudadanos a escoger en qué y cómo movilizarse, y no condenarlos a tener que hacerlo únicamente en determinado sistema”, aseguró en un comunicado Alianza In, organización que agremia a las plataformas.
En todo caso, el pulso que se avecina será tensionante. De hecho, en pasados debates sobre el tema se ha visto un hecho curioso: congresistas del Centro Democrático y el Polo se han unido para rechazar esta iniciativa.