Ahora será ante la Corte Suprema de Justicia que Rodolfo Hernández, excandidato presidencial y senador de la República, tendrá que negar los señalamientos de la Fiscalía por su presunta participación en una red de corrupción que se denunció durante su administración en la Alcaldía de Bucaramanga.

Un juez de la capital de Santander remitió a la Corte Suprema el expediente en contra de Hernández, que se encuentra en etapa de juicio y donde la Fiscalía imputó cargos por el llamado caso Vitalogy, donde su hijo también tiene una grave acusación. Se trata de un millonario contrato de consultoría que según la Fiscalía se direccionó en favor de un contratista, cercano al excandidato presidencial.

Remitir el expediente del juzgado a la Corte no es más que un trámite, consecuencia de la credencial que recibió Hernández como congresista y cuya posesión se celebró el pasado 20 de julio en las instalaciones del Congreso. Ahora el exalcalde y senador tendrá que asumir su defensa ante los magistrados de la Sala Penal de la Corte.

La pregunta de qué pasaría con el proceso contra Rodolfo Hernández si hubiese ganado la Presidencia siempre estuvo en el tablero. La respuesta se escribía con la responsabilidad en la Comisión de Acusaciones de la Cámara de Representantes. Ahora el escenario jurídico es diferente, como congresista su juzgamiento está en la Corte Suprema y será allí donde se defina la responsabilidad.

La investigación, que arrancó con una denuncia, pasó por el despacho de un fiscal contra la corrupción y logró superar varias etapas, hasta el inicio del juicio. La Fiscalía presentó, en una audiencia preparatoria, las pruebas en contra del exalcalde, de cómo intervino en la adjudicación del contrato y como este negocio quedó en manos de personas cercanas a su despacho.

Una semana antes de la primera vuelta presidencial, el excontratista Emilio Tapia remitió una carta a través de sus abogados para insistir que fue invitado a participar de un millonario contrato en la Alcaldía de Bucaramanga. El contratista señaló que Rodolfo Hernández lo buscó, a través de intermediarios, para participar de algunas licitaciones durante su administración como alcalde.

“La solidez de sus señalamientos que, por demás –sostiene en su comunicado– son contradictorios con las irregularidades e indebidas maneras de las que es referente su administración como mandatario de los bumangueses, por las cuales deberá comparecer a juicio como presunto responsable de delitos contra la administración pública”, señala el documento.

En esa misma carta, Emilio Tapia advirtió que denunciaría a Rodolfo Hernández por considerar que quiso sacudirse de los señalamientos en su contra usando la imagen del contratista para librarse de su responsabilidad en los hechos que tienen al excandidato presidencial en juicio y por corrupción.

“En franca contradicción con las acreditaciones que obran en la investigación que por esos hechos adelanta la Fiscalía y que mantiene bajo la reserva propia de esas diligencias penales, en las que ha sido reconocida su calidad de colaborador y testigo primordial”, resume la carta.

Ahora la Corte Suprema deberá analizar el caso y el expediente, definir en qué estado procesal seguiría la investigación contra Rodolfo Hernández una vez llegue a su despacho. El punto resulta de relevancia tras advertir que de allí dependen las decisiones que salgan de este proceso.