A las 7:49 a. m. suena el primer Tik Tak de hoy martes, 26 de julio, en SEMANA y suena por los lados del ‘sorpresivísimo’ nombramiento del nuevo comisionado de Paz, Danilo Rueda, director de algo muy rimbombante que se conoce como la Comisión Intereclesial de Justicia y Paz, que comenzó a sonar ―aunque es una ONG de largos años de existencia― cuando se supo que el hermano del entonces candidato Gustavo Petro, Juan Fernando Petro, visitaba en La Picota, acompañado precisamente a Danilo Rueda, a presos de todos los calibres en busca de lo que en ese momento se llamó la “paz social”.
Hoy con el nombramiento del nuevo comisionado de Paz, todo parece ir cuadrando, solo que ya no se llama “paz social” sino “paz total”, e incluirá no solo al ELN, el último grupo que ha recibido del Estado un tratamiento como movimiento político insurgente, sino a las bandas y clanes criminales que estén interesados en acogerse y así se lo comuniquen al Gobierno por escrito o mediante un video.
Se calcula que estaríamos hablando de 28 de estos grupos; la carpintería jurídica la está haciendo el exfiscal Eduardo Montealegre, quien ya anticipa que los miembros de estos clanes que se sometan recibirían una pena no mayor a 7 u 8 años de detención efectiva.
Por eso ya están calentando el terreno, es decir, las bandas y los clanes ya están encendiendo motores. En una semana ha habido más de 28 acciones violentas contra la fuerza pública y han sido asesinados más de 26 policías, siete de los cuales ni siquiera estaban en servicio, en un plan macabro del Clan del Golfo que se llama el plan pistola.
Pero ellos saben que al final les espera el tapete rojo de una negociación con el Estado, el exfiscal Montealegre incluso anunció que para el efecto se podría hasta planear diseñar otra JEP que garantice una justicia especial para criminales del común, es decir, el desmantelamiento del aparato de la justicia en Colombia.
Porque a estas alturas uno se pregunta entonces, ¿para qué se seguirá sirviendo nuestra justicia ordinaria?, ¿para qué todos esos jueces y tribunales que la integran a quienes ya no les corresponderá investigar y juzgar la conducta de los integrantes de los clanes criminales del país? Pues quedarán solamente encargados de ladronzuelos de barrio, que, eso sí, recibirán todo el peso sancionatorio de la justicia ordinaria, porque no tienen el peso suficiente de un afiliado a un clan criminal, es decir, no tienen ese carnet mágico que les da derecho a la negociación.
Lo que estamos presintiendo en el panorama es que, mientras se debilitan instituciones como la Policía y el Ejército, se refuerza la justicia negociada y se reblandece la normatividad con un epílogo: la delincuencia de pronto sí paga; “cuando no pueden conmigo, negociarán conmigo”.
Y mientras tanto, maten policías. Por eso, es tan válida la pregunta que demanda hacer la vicepresidenta Marta Lucía Ramírez al presidente electo: ¿Se está planeando en Colombia la claudicación del Estado ante las organizaciones criminales?