En la mañana de este miércoles, 23 de agosto, la alcaldesa de Bogotá, Claudia López, reveló que el Consejo de Estado aceptó la solicitud de nulidad del laudo arbitral sobre el manejo del relleno de Doña Juana por parte del CGR y suspendió sus efectos.
La decisión fue calificada por la alcaldesa López como una “gran noticia para el bolsillo e interés general de los bogotanos”.
Se trata del laudo emitido en abril pasado por un tribunal de arbitramento de la Cámara de Comercio de Bogotá en el que se había condenado al Distrito a pagarle al operador del relleno más de 64.500 millones de pesos.
“Agradecemos su oportuna intervención y la valoración de nuestra defensa de los bogotanos. La privatización de la justicia ha sido un absoluto desastre para el interés público y la ciudadanía. Roscas sin vigilancia y llenas de conflictos de interés (para decir lo menos) para favorecer grotescamente negociantes, desconocen la cosa juzgada, hacen fallos sastre a la medida de intereses particulares y contrarios a la Ley. Es el CGR el que está en deuda con Bogotá y los bogotanos”, dijo López en un mensaje en la red social X (antes Twitter) en el que agradeció también a la Uaesp y a la Secretaría Jurídica de Bogotá.
La mandataria distrital puntualizó: “Dejaremos atrás la pesadilla del CGR y un relleno de enterramiento de basuras y afectación de la salud y el ambiente de los bogotanos, y pasaremos a tener un parque de innovación tecnológica para reciclar, transformar y aprovechar los residuos en economía circular consistente con nuestro POT y Plan de Acción Climática”.
Tras lo dicho por la alcaldesa López, el concesionario CGR, operador del relleno Doña Juana, señaló que la Alcaldía busca politizar una decisión judicial.
En primera medida, el CGR indicó que “el Consejo de Estado no ha fallado el recurso de anulación presentado por la Uaesp; no ha proferido ninguna decisión de fondo. Esa alta Corte simplemente admitió, es decir, va a dar trámite a los recursos de anulación interpuestos por ambas partes y no solamente al presentado por la Uaesp, como lo pretende hacer ver el Distrito”.
En consecuencia, de acuerdo con el CGR, “la Alcaldía nuevamente pretende con la información publicada en redes sociales politizar una decisión de carácter judicial, como ya lo ha hecho en anteriores instancias, desconociendo la independencia de poderes y desinformando a los bogotanos y al país, con acusaciones veladas y tergiversaciones de la realidad”.
Finalmente, el operador indicó que “rechaza las intromisiones y los señalamientos contra la justicia, y reitera su respeto y acatamiento de las decisiones judiciales”.
El fallo del tribunal de arbitramento
La decisión del tribunal de arbitramento de ordenar al Distrito a pagarle al operador del relleno más de 64.500 millones de pesos se dio en abril pasado al considerar que las tarifas establecidas inicialmente en el contrato de concesión no eran suficientes para cumplir con las obligaciones contractuales. No obstante, la indemnización estuvo lejos de la pretensión económica que tenía el CGR.
En la lectura del fallo, también se dio a conocer que el CGR deberá pagarle a la Uaesp la suma de 4.200 millones de pesos por incumplimiento en condiciones específicas del contrato.
De otro lado, los árbitros también decidieron que el contrato de concesión tiene que terminar cuando culmine la actual licencia ambiental del relleno sanitario de Doña Juana, la cual culmina en 2024.
De esta manera, se abre paso a uno de los principales objetivos de esta administración, que fue la modernización del relleno.
La decisión del tribunal de arbitramento de la Cámara de Comercio de Bogotá se trata de un largo litigio de 12 años entre la Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos (Uaesp) y el Centro de Gerenciamiento de Residuos (CGR), operador del relleno sanitario Doña Juana.
El tribunal de arbitramento fue convocado por el CGR en contra de la Uaesp para reclamar una mayor remuneración en la operación del relleno de Doña Juana. Exigían que el Distrito les pagara 1,2 billones de pesos, dinero que según el CGR han dejado de recibir desde 2010, cuando inició la concesión, por un desajuste en la remuneración.