Diego Felipe Becerra, un grafitero de 16 años, fue asesinado en agosto de 2011 en Bogotá por un patrullero de la Policía. El crimen se vio ensombrecido por los intentos de la institución de retratarlo como un delincuente en lugar de reconocerlo como un artista.
Desde entonces, su familia ha luchado incansablemente para descubrir la verdad y limpiar su nombre, logrando simbólicamente el reconocimiento de su inocencia el pasado 31 de agosto, cuando el Gobierno, el Ministerio de Defensa y la Policía ofrecieron disculpas públicas y asumieron su responsabilidad en el asesinato.
Después de 12 años de búsqueda de justicia, los logros judiciales obtenidos podrían estar en peligro debido a una revisión en la Corte Suprema de Justicia. El alto tribunal ha admitido la revisión de una demanda presentada por la defensa de los policías condenados por el asesinato de Diego Felipe, buscando que las condenas en su contra sean revocadas.
En una audiencia ante los magistrados de la Sala Penal, los abogados de los subintendentes en retiro, Juan Carlos Leal Barrero y Fleyber Leanrdo Zarabanda, del entonces asesor jurídico de la Policía de Bogotá, Héctor Hernando Ruíz; y del coronel (r) Nelson de Jesús Arevalo, presentaron los argumentos para su pretensión dentro del caso.
Detalles del caso
En octubre de 2021, la jueza 19 penal de Bogotá, emitió una sentencia en primera instancia condenando al coronel Arévalo, el teniente Madrid Orozco, el intendente Leal, los patrulleros Fleiber Leandro Zarabanda y Wílmer Antonio Alarcón, así como al asesor jurídico de la Policía, Héctor Ruiz, por alterar la escena del crimen.
El coronel (r) Arévalo fue condenado a 22 años de prisión, siendo considerado responsable de fabricación, porte y tenencia de armas y de favorecimiento en homicidio agravado. Según la sentencia, Arévalo estaba al tanto de la obtención de un arma de fuego para fabricar pruebas que acusaran a Becerra de estar armado, justificando así el tiroteo mortal por parte del patrullero Wílmer Alarcón.
El teniente Madrid recibió una condena de 11 años de prisión, mientras que el intendente Leal, el patrullero Zarabanda y el exasesor jurídico Ruiz fueron condenados a 20 años de cárcel.
Sin embargo, en esa misma decisión, los coroneles Johan Peña y José Javier Vivas, así como otros testigos, fueron absueltos. La revisión de la Corte Suprema se llevará a cabo para determinar si estas condenas deben ser revocadas o confirmadas.