Zijin Continental Gold es la dueña de un título minero ubicado en el municipio de Buriticá, que tiene la capacidad de producir hasta 240.000 onzas de oro por año. Sin embargo, sus objetivos están afectados por alteraciones del orden público y está dispuesta a pelear por sus derechos ante un tribunal de arbitramento internacional.
La mitad de las labores subterráneas están ocupadas por al menos 700 mineros informales. Bajo la inversión de los extranjeros, han sacado irregularmente hasta dos toneladas de material que se traduce en cientos de millones de pesos. Según la investigación adelantada por la Policía Nacional y la Fiscalía, la invasión estaría siendo coordinada por el Clan del Golfo, quien también financia sus actividades ilícitas con las ganancias que deja la extracción del yacimiento.
Esto ha desencadenado una guerra bajo tierra en donde la compañía reclama su espacio con el respaldo de la fuerza pública, pero los sujetos han respondido con violencia: disparos, amenazas y detonaciones de artefactos explosivos. Los carros que se mueven por los túneles tuvieron que ser blindados, los empleados deben ser escoltados cuando se acercan a las zonas de peligro y están obligados a desempeñar sus actividades con chalecos antibalas.
El reclamo de los chinos
La situación se salió de control y amenaza la operación de la empresa que prometió aportar hasta tres billones de pesos en impuestos y regalías durante catorce años consecutivos, además de generar empleo en Antioquia.
Aunque los chinos le reclamaron al Gobierno nacional por una intervención integral para superar la contingencia en Buriticá, las medidas no han sido suficientes; al contrario, los ataques continúan y la producción se ha reducido.
La Procuraduría también instó a las autoridades ha proteger los intereses de la compañía y abrió un proceso para esclarecer supuestas omisiones en la solicitud de protección, “a fin de determinar si se incurrió en faltas disciplinares”.
Pues bien, Zijin Continental Gold le notificó al Estado su intención de iniciar un procedimiento de arbitraje internacional por la imposibilidad de cumplir sus labores en el occidente del departamento, a raíz de los problemas de inseguridad reportados entre 2022 y 2023.
Amparada en un tratado que Colombia tiene con Canadá en donde se dan seis meses para negociar antes de presentar la demanda, la empresa se sentó con varias entidades del Gobierno para tratar de encontrarle una salida a la crisis. Ese plazo se vence en las primeras semanas de diciembre y, en dado caso de que las respuestas del ejecutivo no cubran las necesidades del privado, se abriría la puerta para que reclame sus derechos ante el tribunal de arbitramento.
La multinacional no solo quiere garantías de seguridad para desarrollar sus tareas en el occidente antioqueño, también una intervención que cubra a todo el municipio de Buriticá y sus necesidades, pues bajo ese contexto opera.
Fuentes cercanas al proceso contaron a SEMANA que la demanda se está preparando, aunque también se podría descartar en el camino. Todo dependerá de las acciones que se tomen antes de terminar el 2023. Los pedidos son tramitados por varios ministerios, quienes están en un carrera contrarreloj para calmar la angustia de la empresa.