"La Oficina reitera la necesidad de que la actuación de los servidores públicos del Estado colombiano se ajuste, en todo tiempo y lugar, a los principios y normas internacionales sobre distinción permanente entre los que combaten y los civiles, inmunidad de las personas sin participación directa en las hostilidades, y uso razonable y proporcional de la fuerza", dice el comunicado.Además señala que en su último informe sobre Derechos Humanos recuerda la cumplimiento absoluto de los principios humanitarios de distinción, limitación, proporcionalidad y protección de la población civil y la obligación del Estado colombiano del cumplimiento del derecho a la vida contemplados en la convención sobre los Derechos internacionales del niño."La Oficina confía en que las autoridades competentes cumplirán su deber de investigar este caso, juzgar a los responsables de las muertes, y disponer una adecuada reparación para los familiares de las víctimas", agrega.Los hechos ocurrieron el pasado sábado en zona rural del municipio tolimense, cuando tropas del Batallón 'Pijao' adscrito a la Sexta Brigada llevaba a cabo una operación militar para dar con el paradero de un comandante de las FARC y evitar la instalación de un retén ilegal, según fuentes militares.