Las personas vinculadas al escándalo del Fondo Premium tienen una posibilidad de no ir a la cárcel si responden por el hueco financiero, que asciende a 120 millones de dólares. Para eso la Superintendencia de Sociedades ha tomado posesión de activos de los implicados por un monto superior a esa cifra. Esa es una especie de embargo que podría evitar el carcelazo. La Superintendencia considera que la deuda es solidaria, lo que significa que los que tienen más tendrán que responder por los que tienen menos, aunque no les corresponda porcentualmente. En ese escenario el mayor damnificado sería Víctor Maldonado, a quien le han incautado muchos más activos que a los otros involucrados como Juan Carlos Ortiz y Tomás Jaramillo.