La semana pasada se conoció un nuevo récord de la política económica del gobierno, al enterarse el país que la tasa de desempleo había alcanzado la cifra, hasta entonces impensable, del 13.8%. La noticia, que fue divulgada por el jefe del Dane, Mauricio Ferro Calvo, causó profunda consternación, sobre todo en los que pensaban que ya en diciembre se había vivido lo peor de la recesión, cuando la desocupación superó el 12.7% .Las últimas cifras son especialmente graves, pues en ellas es patente que por primera vez en muchos años, disminuyó en términos reales el número de empleados en el país. En efecto, la tasa de desempleo depende esencialmente de dos variables fundamentales: el número de empleos en la economía y la tasa de participación (porcentaje de la población en edad de trabajar que efectivamente trabaja o busca empleo). Lo tradicional en una economía en desarrollo, como la colombiana, es que el desempleo se origine en un aumento más rápido en la tasa de participación, causado por factores demográficos, que en la disponibilidad de nuevos puestos. Lo que resulta preocupante del nuevo panorama económico es que el incremento en la tasa de desempleo fue acompañado por un descenso en la tasa de participación. Como lo confirmó el jefe del Dane"... (se trata) de un descenso efectivo en el número de empleados".A pesar de existir un sinnúmero de factores que explican el desempleo, economistas consultados por SEMANA señalaron el alto costo real de la mano de obra como la causa determinante en la coyuntura económica actual. En la última década, las crecientes cargas laborales y prestacionales, y la liberalización progresiva de la legislación laboral, han ido creando incentivos cada vez mayores a las empresas para despedir personal o para reemplazarlo con maquinaria y procesos sistematizados. En ello el pequeño, pero poderoso, sector de obreros sindicalizados (15% de la fuerza laboral) ha jugado un papel preponderante. Este sector ha presionado, excesivamente en opinión de algunos observadores, por el alza continua de salarios y prestaciones, en detrimento de un número creciente de trabajadores desocupados, y de jóvenes que ven cada vez más reducidas las oportunidades de empleo. De hecho, en la economía de la nación ya se observan los efectos negativos de este estado de cosas. Como lo señala un reciente editorial de El Tiempo, atribuído a Juan Manuel Santos, "...mientras más prestaciones y más cargas laborales exijan los sindicatos mayor será el desempleo... (se trata)... de un bumerán para la clase trabajadora y una bomba de tiempo para el bienestar económico del país".Desde 1982 la recesión ha venido agravando el problema del desempleo. En especial, las empresas colombianas han tenido que aprender, a sangre y fuego, las duras lecciones del estricto control de costos y de la productividad. De ahí que cada vez más las compañías intenten reducir sus nóminas, pensándolo dos o más veces antes de contratar nuevo personal. Por otra parte, los incrementos a la productividad económica implican que el país podrá producir una mayor cantidad de bienes y servicios sin un aumento proporcional en el empleo. Ambos factores atentan contra la ocupación laboral, al menos en el corto y mediano plazo.Al conocerse la negativa noticia del desempleo, el gobierno se apresuró en anunciar unos "alivios de emergencia" y creó un comite especial, compuesto por funcionarios de los ministerios económicos, Planeación Nacional, el Dane y el Sena, para encontrar soluciones al problema. De igual forma, se anunció la aceleración del plan de micro-empresas que pretende convertir a trabajadores en pequeños empresarios con la ayuda técnica y financiera del Estado. Por otra parte, el ministro de Trabajo, Guillermo Alberto González Mosquera, planteó la posibilidad de recortar la jornada laboral y suprimir las horas extras, a la Mitterrand, en orden a generar nueva demanda por mano de obra.No obstante, expertos consultados por SEMANA, sólo le atribuyen beneficios a largo plazo al plan de microempresas, y poca o nula viabilidad práctica a las propuestas del Mintrabajo. En especial, estos expertos se muestran críticos ante la forma como el gobierno ha manejado el problema, tratando hasta ahora de "apagar el incendio", cuando ya éste parece estar fuera de control.En todo caso, lo cierto es que el desempleo en el país ha adquirido sólidas características estructurales y no parece factible atacar el problema sin una reforma radical de la legislación laboral vigente. Lo que a todas luces se impone es una política de empleo a largo plazo que busque aminorar las diferencias en el seno mismo de la clase obrera, fomentar la creación de nuevas empresas e instaurar incentivos para que las empresas existentes enganchen nuevo personal. Sin nutrir las posibles fuentes de empleo en el sector privado, parece inevitable un sustancial empeoramiento de la situación ocupacional, con las más preocupantes consecuencias sociales, económicas y políticas para el país.