El lunes en la tarde, en el juicio que se sigue contra el general (r) Iván Ramírez por los desaparecidos del Palacio de Justicia, la intervención de la Procuraduría generó una fuerte controversia. El Ministerio Público pidió al juez especializado que lleva el caso que absuelva de toda responsabilidad a Ramírez y a Fernando Blanco y Gustavo Arévalo, todos miembros del Comando de Inteligencia y Contrainteligencia de la Policía (COICI). Ramírez es el segundo general acusado de desapariciones del Palacio de Justicia. El primero fue Jesús Armando Arias Cabrales, comandante de la Decimotercera Brigada del Ejército. La Fiscalía, en una decisión que también fue controvertida por los representantes de los familiares de los desaparecidos, había pedido condenar al general por la desaparición, únicamente, de Irma Franco, integrante del grupo subversivo del M-19. El concepto de la Procuraduría se sustenta en ocho argumentos, en los que principalmente controvierte los testigos presentados por la Fiscalía y que, en buena parte, fueron los mismos con los que la justicia colombiana sustentó la condena al coronel (r) Alfonso Plazas Vega, quien el año pasado se convirtió en el primer oficial sentenciado por la desaparición de 11 civiles. Semana.com conoció apartes del concepto del Ministerio Público sustentado en los siguientes argumentos: ¿Fueron 11 los desparecidos? El Ministerio Público afirma que sólo existe prueba respecto de ocho personas que salieron vivas del Palacio de Justicia y fueron conducidas bajo custodia militar a la casa del Florero. Respecto de Luz Mary Portela, Gloria Anzola y Norma Constanza Esguerra, dice la Procuraduría que “no hay certeza, pruebas o reconocimientos” que concluyan que salieron con vida del Palacio. Señala, en todo caso, que “todos son víctimas”. Reconoció además el largo trasegar de los familiares en busca de sus seres queridos. Descartan a testigo estrella El Procurador, haciendo un análisis que fue calificado de “bastante superficial” por los abogados de las víctimas, descarta uno a uno los testimonios que utilizó la Fiscalía para solicitar la condena por el caso de Irma Franco, al negar la veracidad a las declaraciones de Édgar Villamizar, el principal testigo con el que sustentó la condena a Plazas Vega, así como los de César Sánchez Cuesta, Mario Quintero y Bernardo Garzón. Según la parte civil, el representante del Ministerio Público “no tiene en cuenta las demás pruebas y argumentos que ha defendido la Fiscalía para afirmar veracidad de estos testimonios”. No es la primera vez que la Procuraduría controvierte estos testimonios, porque tanto en el juicio contra Plazas Vega, como en el que se adelantó contra el general Jesús Armando Arias Cabrales (del que se espera sentencia en los próximos días), pidió absolverlos al considerar que las pruebas no los comprometían. Ejército desconocía planes del M-19 Uno de los argumentos más polémicos es la afirmación de la Procuraduría en la que niega que el Ejercito haya tenido conocimiento previo de la toma. Para concluir esa afirmación se apoya en los testimonios del entonces ministro de Defensa, general Rafael Samudio Molina, quien así lo descartó. La controversia surge porque muchos documentos históricos, incluido el de la Comisión de la Verdad que hace dos años entregó sus conclusiones, además de otros testigos dentro del proceso, dan fe del retiro de la vigilancia en días previos a la tragedia y de las amenazas contra la Corte Suprema. No hay órdenes del COICI La Procuraduría, al descartar responsabilidades del general Iván Ramírez, dice que no existe un “testimonio directo, prueba pericial directa, órdenes, ni comunicaciones entre Iván Ramírez y los demás miembros del COICI, y entre este y la Decimotercera Brigada”. Es más, en la audiencia señaló que Iván Ramírez “ni siquiera hizo presencia en la Casa del Florero”. Para los representantes de la parte civil, el procurador, con este planteamiento “desconoce la esencia de la desaparición forzada, como delito, que precisamente esta diseñada para ocultar toda prueba”, como también lo sostiene la Fiscalía. No hay ‘cadena de mando’ El representante del Ministerio Público afirma que no existe cadena de mando y superior jerárquico entre el general Iván Ramírez (comandante del COICI) y la Decimotercera Brigada, encargada de la retoma, ni con el general Samudio. La omisión a los estudiantes Matson y Santodomingo Desde finales de los años 80, cuando se realizaron las primeras investigaciones, se conoció el caso de dos estudiantes de derecho que se encontraban como visitantes ocasionales en el Palacio de Justicia cuando fue ocupado por el M-19. Se trata de Yolanda Santodomingo y Eduardo Matson. Sus declaraciones han perdurado en la historia y se constituyeron en las primeras evidencias para demostrar que hubo interrogatorios y trabajos sobre rehenes por parte del COICI de la Policía. Los estudiantes, según reposa en numerosos expedientes, fueron calificados como “rehenes especiales”. Sin embargo, la Procuraduría no hizo mención alguna de las declaraciones de Yolanda y Eduardo. Cambio de postura La posición del actual representante de la Procuraduría en este proceso es totalmente opuesta a la asumida por el antiguo procurador del caso, quien hace más de un año había acompañado la decisión de la Fiscalía de ordenar la medida de aseguramiento y acusar por el delito de desaparición forzada al general Iván Ramírez. Ese funcionario fue relevado por el actual procurador, quien para sustentar este cambio de postura dice lo mismo que la Fiscalía: que no existe certeza, que su postura no es “caprichosa ni aventurada” y está “desprovista de la carga enceguecida por pretender condenas a cualquier costa”. De esa forma pidió la absolución de todos los vinculados al proceso por todos los crímenes y, aunque afirma que sí hubo desaparecidos, “no hay certeza de responsabilidad” de los miembros del COICI. Es decir, según uno de los abogados de la parte civil, no se afirma quién los desapareció ni dónde están.