La sanción generó revuelo entre los petristas, quienes argumentaron que Ordóñez busca acabar la carrera política del exalcalde de Bogotá. La decisión llevó incluso a José Miguel Vivanco, director de la ONG Human Rights Watch, a señalar que el procurador comete una “violación clara y flagrante a los derechos políticos” de Petro porque “una inhabilitación política solo puede provenir de una condena penal dictada por un juez competente”, lo que no pasó en este caso. Petro, por su parte, agitó las redes al insistir en que “Ordóñez le tiene temor a una candidatura progresista”.