Desde el inicio de su administración, al alcalde de Bogotá, Gustavo Petro, le ronda la idea de crear centros para el consumo de estupefacientes, tal como sucede en varias ciudades europeas donde el problema se aborda desde una perspectiva de salud pública y no criminal. En Bogotá, el mandatario local se estrelló con la legislación vigente, que no permite que se pueda montar un programa similar y, dado el caso, sólo podría ser una iniciativa del gobierno nacional. El asunto causa tal polémica, que un proyecto de ley para permitir el uso medicinal de la marihuana está en veremos. Petro sorprendió al país en agosto del 2012 con la propuesta de crear centros de consumo de drogas controlados por el Estado. Para muchos, este no fue más que un globo al aire que en su momento revivió el debate sobre cómo combatir la drogadicción y el tráfico de drogas. Hasta el procurador general, Alejandro Ordóñez, conocido por ser tan conservador como controvertido, criticó al alcalde diciendo que “se la había fumado verde”. Lo cierto es que desde entonces, Petro ha creado una política de atención integral alrededor de los habitantes de calle, un sector con altos índices de consumo de drogas ilegales. Para ello ha entregado centros para el cuidado de estas personas en donde brindan atención en salud, comida y los usuarios pueden bañarse e iniciar un camino a la rehabilitación. Este miércoles Petro inauguró Bakatá, centro ubicado en la capital, precisamente en una de las zonas con alto tránsito de habitantes de calle. Según el Distrito, este lugar atenderá 1.300 personas al día. En el discurso el alcalde fue más allá de lo políticamente correcto y en un arranque dijo que en ese lugar se podía desde recibir alimentos, bañarse, pintar un cuadro y hasta “fumarse un bareto”. La declaración dejó desazón entre algunos y una ola de críticas las cuales Petro tuvo que salir a aclarar. Dijo que la posibilidad de adelantar un plan piloto en la ciudad para instalar centros de consumo controlado dependía del gobierno nacional. “El paso hacia lo que se llamaría un centro regulado de consumo sólo depende de un decreto del gobierno nacional y de una evaluación en el tiempo para determinar si los indicadores de inseguridad bajan, si los indicadores de salud en la población afectada suben, disminución en el consumo de bazuco y esto se podría evaluar sólo sobre un piloto”, resaltó el alcalde. En otras palabras, el mandatario tuvo que desdecirse, ya que esta se entendió como si en estos los centros se tuviera vía libre para consumir drogas y no para prestar atención a los habitantes de calle.