La inversión hecha por 16.500 millones de pesos y los 13 millones de dólares adicionales que planeaba poner Hupecol en el bloque Serranía son los recursos sobre la mesa, en el controversial caso de la revocación, por parte de la ANLA, de la licencia ambiental que ostentaba la petrolera en cercanías de la serranía de La Macarena.Es por ello que, en rueda de prensa, Hupecol señaló que tiene "preocupación frente al ambiente de incertidumbre jurídica que deja este precedente y también una gran frustración".Argumenta la petrolera, de capital estadounidense, que "han sido muchos los años de trabajo preparándonos para realizar una operación responsable en el bloque Serranía".Para la firma, la opinión pública no conoce con certeza que "la empresa cumplió rigurosamente con todos los requisitos legales y técnicos del proceso de licenciamiento bajo los parámetros de la ANLA".Leonardo Niño, representante legal de Hupecol, declaró que aún no se conoce por completo en qué términos la ANLA revocó la licencia ambiental de Serranía, pero no descartó que puedan acudir a la justicia para reclamar lo invertido. "Es una posibilidad que tenemos", advirtió.Por su parte, la Asociación Colombiana de Petróleos (ACP), cuestionó la rapidez con que se suspendió el proyecto de exploración. "Fue revocada en razón de un recurso de reposición que tomó un día en examinar. Un día, cuando el tiempo promedio de estudio de los recursos de la entidad toma ocho meses", dice la agremiación en un comunicado.A su juicio, la discusión que queda sobre la mesa es la credibilidad, confianza y seguridad jurídica que proyectan instituciones como la ANLA para la inversión privada, nacional o extranjera."Lo que está en juego es la competitividad del país, resquebrajada para el sector de hidrocarburos por las condiciones económicas, las dificultades para operar, y ahora, la falta de coherencia en materia de políticas públicas y entre las autoridades ambientales", puntualizó.