Luego de una fuerte controversia, el millonario contrato del Banco Agrario fue adjudicado a Movistar, empresa que compitió con Claro para proveer la conectividad y la seguridad en la entidad bancaria. Este proceso salió a subasta inversa con un presupuesto de 120.000 millones de pesos y, según informó el Banco, la elección del ganador es resultado de optar por la oferta económica más favorable, presentada por Colombia Telecomunicaciones S.A. (Movistar), por un monto de 99.841 millones de pesos. Con ello, el ahorro será de 21.060 millones de pesos frente al presupuesto inicial previsto y de 5.997 millones de pesos frente a la última oferta de la empresa Claro (COMCEL S.A.).

La ejecución de este contrato implicará actualización de las redes de comunicación del Banco Agrario de Colombia, con el propósito de multiplicar hasta por 10 el ancho de banda. Además, se busca mejorar las capacidades de ciberseguridad de la entidad financiera, con herramientas adicionales para neutralizar ataques sofisticados al sistema. El proceso de licitación contó con la asesoría técnica de la Universidad de los Andes. Sin embargo, la semana pasada se desató una polémica, tras las declaraciones de Juan Carlos Archila, presidente de América Móvil Colombia (Claro), según las cuales, el Banco habría permitido la infiltración de datos para favorecer a Movistar, que al conocer la oferta de su competidor, podía mejorarla y lograr así un mejor puntaje.

Con la adjudicación del contrato, el Banco Agrario pone de presente que la institución educativa encargada de revisar el proceso, es garantía de la valoración de la idoneidad técnica de las propuestas en todas las etapas y en la asignación del puntaje en los calificables. Según sostuvo el Banco Agrario, durante todo el proceso se respetaron y promovieron los principios rectores de la contratación pública, como son la transparencia, la objetividad, la economía, la publicidad y la igualdad. Sin embargo, luego de conocer el veredicto, Archila anunció recusación, es decir, acudirá a una herramienta que se usa en el derecho procesal para manifestar que hay dudas frente a la imparcialidad con la cual se tomó la decisión.

Así, según anunció Archila, Claro procederá a recusar al presidente del Banco Agrario y al Comité Evaluador, con el propósito de que sean designadas personas independientes e imparciales que estudien el caso, revisen las denuncias y tomen una decisión libre de cualquier conflicto. Para Archila, la preocupación de la empresa está latente en los procesos de licitación del sector TIC. Por lo tanto, agregó que su obligación como empresa es reportar cualquier indicio de irregularidad, y fue lo que hizo en días pasados. Enfatizó en que "Sí hubo irregularidades, sí hay problemas yno fueron explicados claramente por el Banco".