El corredor verde de la carrera séptima en Bogotá, que es uno de los proyectos bandera del plan de desarrollo distrital de la alcaldesa Claudia López, sufrió un importante revés luego de que ninguno de los grupos constructores más importantes del país presentara ofertas económicas para dos de los tres tramos, obligando al Instituto de Desarrollo Urbano (IDU) a declarar desiertas dos licitaciones a pesar de que se había ampliado en dos oportunidades el plazo para la presentación de ofertas.
Es así como prácticamente faltando dos meses para que termine la actual administración y en medio de una contienda electoral bastante agitada, en la que todos los candidatos a la Alcaldía de Bogotá han mostrado reparos al proyecto, los caminos parecerían indicar que a la alcaldesa López no le alcanzaría el tiempo para adjudicar la totalidad del proyecto y una vez más, tal cual como viene ocurriendo desde hace 26 años, la promesa de solución al embotellamiento y al trancón de la carrera séptima, empezaría a desvanecerse.
Y aunque el IDU trabaja a contrarreloj para poder abrir nuevamente, en las próximas semanas, las dos licitaciones que fueron declaradas desiertas, el camino se observa bastante nublado, después de la gran cantidad de observaciones que elevaron los constructores y hasta el sector asegurador en el proceso licitatorio anterior.
El tramo tres, que va desde la calle 99 hasta la calle 200, fue el único que recibió ofertas. La inversión total será de $1.361 millones. Para estas obras, son tres los consorcios interesados:
- Consorcio Vial del Norte, integrado por Indugravas Ingenieros Constructores S.A.S, Coherpa Ingenieros Constructores S.A.S e Incoherp Ingenieros Constructores S.A.S
- Consorcio THC Corredor Verde 99, integrado por Termotécnica Coindustrial S.A.S, HB Estructuras Metálicas S.A.S, Compañía de Iluminaciones Especiales S.A.S
- Consorcio CC-P 7MA L3, integrado por la constructora Conconcreto S.A, Conconcreto Proyectos S.A.S, Autopista Sumapaz S.A.S y Procopal S.A
Mientras que para el tramo uno, que va desde la Séptima con calle 24 hasta la calle 76, con un presupuesto estimado de $530.025 millones; y el tramo dos, entre las calles 76 y 99 - incluyendo las intersecciones de la calle 85 con Circunvalar y de la calle 92 con un presupuesto de alrededor de $330.007 millones, no hubo ofertas y son las dos licitaciones que tendrían que abrirse nuevamente.
Estos son los dos tramos que más han recibido grandes reparos de expertos y opositores, principalmente, por la eliminación del tráfico mixto en el sentido norte sur, expulsando el tránsito vehicular a las avenidas adyacentes, pero también se trata de dos tramos sobre los cuales los propios constructores presentaron una gran cantidad de observaciones en el Secop relacionadas con precios y con el cronograma de ejecución de las obras, entre otros aspectos técnicos.
Así las cosas, cuando el IDU abra nuevamente las dos licitaciones, muy seguramente los constructores interesados requerirán de varias semanas para analizar y hacer las observaciones pertinentes, por lo que los tiempos de maniobra para que la administración López adjudique los proyectos, serían bastante cortos, y podría ser el próximo alcalde a quien le toque decidir sobre el proyecto.
Acción popular
Pero además del poco tiempo de maniobra que le queda a la administración de Claudia López para abrir nuevamente las licitaciones y adjudicar los proyectos, el Corredor Verde también podrían recibir un radical freno de mano, toda vez que el Juzgado 35 Administrativo del Circuito de Bogotá estudia una acción popular que pide suspender el proyecto.
La acción popular se basa en la presunta amenaza a los derechos colectivos, a la moralidad administrativa, el patrimonio público, el goce del espacio público y la utilización y defensa de los bienes de uso público.
Los demandantes argumentan que la Alcaldía y el IDU desconocieron la buena fe y la confianza de los ciudadanos al abrir las licitaciones para la obra del corredor verde, porque, según ellos, el proyecto es sustancialmente idéntico al TransMilenio por la carrera Séptima, que la alcaldesa López había prometido no realizar durante la campaña electoral.
Como era de esperarse, la Alcaldía de Bogotá presentó su recurso de reposición, no obstante, el juzgado decidió no acoger los argumentos que expuso el Distrito.
SEMANA conoció que al final de esta semana, el IDU y la Secretaría Jurídica respondieron a la demanda de acción popular, la cual podría tardar varios meses en resolverse de fondo, no obstante, lo que procede ahora es que en una o dos semanas, el juzgado decida sobre las medidas cautelares de urgencia que radicaron los accionantes solicitando suspender las licitaciones hasta tanto no se resuelva la acción popular.
En ese orden de ideas, a pesar del optimismo que hay desde la administración distrital para sacar adelante el corredor verde, el panorama pinta bastante biche para las pretensiones de la alcaldesa López y podría ser el próximo mandatario distrital, quien tenga la última palabra.