En el Fondo para el Financiamiento del Sector Agropecuario (Finagro) hay revuelo por lo que está sucediendo en la entidad de cara a las elecciones de 2026 y que no termina de convencer a varios de los que trabajan allí.
SEMANA conoció información detallada de la cercanía que tendrían el candidato presidencial del partido En Marcha, Juan Fernando Cristo, y el senador Guido Echeverri, de la misma colectividad, con varios cargos directivos de esa entidad, que se encarga de entregar recursos a las instituciones financieras para que estas otorguen créditos a proyectos productivos.
Según una denuncia escrita de manera confidencial y enviada a la junta directiva de la sociedad mixta, los políticos habrían puesto personas cercanas a sus proyectos políticos y, a la vez, incidirían en las decisiones de la empresa, especialmente recomendando personas para que sean contratadas.
Lo más alarmante es que varios de los nuevos trabajadores no cumplirían con la experiencia ni los estudios necesarios para estar allí. “Toca contratarlos con unos salarios muy altos”, reconoció una persona enterada de esa situación que pidió reserva de su identidad.
“Somos un grupo de funcionarios que, a pesar del miedo real a las represalias, todavía creemos en Finagro y en su misión de servirle al campo. Lo hacemos porque la situación interna es muy grave y callarnos nos convertiría en cómplices. Lo que está pasando en la entidad no puede ser ignorado por ustedes, que tienen la responsabilidad legal y moral de cuidarla”, dijeron en esa comunicación.
En su denuncia cuestionan que con la idea de “modernizar” la planta de la sociedad “se han repartido puestos con claros intereses políticos” y que varios de los directivos serían cercanos a los líderes de esa colectividad.
La incidencia viene desde arriba. Una de las personas que sería cercana a ambos políticos es Alexandra Restrepo García, la presidenta de la entidad. Restrepo es oriunda de Caldas, de donde también es el senador Echeverri, como sucede con varios de la compañía.
Otro de los nombres que sale a relucir en la denuncia es el de la vicepresidenta jurídica, Jimena Ruiz Velásquez, quien sería cercana al exministro Cristo.
El gerente administrativo, Jorge Calderón, también es cercano a Echeverri. Además, es oriundo de Caldas y ha trabajado con el senador en varios procesos políticos tanto de campaña como cuando fue gobernador de ese departamento.
Calderón es el actual encargado de la contratación del personal, los equipos tecnológicos, bienes y servicios de Finagro, lo que le da capacidad de maniobra en la entidad y poder en la toma de decisiones.
En la carta que enviaron los funcionarios aseguran que el gerente ha tomado decisiones cuestionables para ellos, como cambiar el manual de funciones para facilitar que ingresen personas del grupo político de En Marcha.
Los denunciantes también relacionan a William Portilla, director de Estructuración de Programas de Crédito, quien también sería cercano a Echeverri. Otro de los nombres que emerge es el de Nicolás Aguilar, director de Planeación y Seguimiento. Se trata de un exdiputado de Caldas, imputado por la Fiscalía por el delito de concusión, pues presuntamente habría tomado decisiones arbitrarias cuando estaba en la Asamblea Departamental. En 2023, Aguilar se volvió a lanzar a esa corporación por una coalición política en la que estaba En Marcha. De hecho, hizo campaña abiertamente diciendo que era “el de Guido” y pedía que los respaldaran con el número 51 en el tarjetón. Sin embargo, no le alcanzó y terminó quemándose.
Entre las alertas de los empleados, mencionan que Finagro manejaría millonarios recursos, por lo que consideran importante que las autoridades le pongan la lupa a lo que está pasando en la sociedad. Asimismo, que se indague si efectivamente está funcionando como fortín político pensando en las elecciones presidenciales de 2026, para las que Cristo se lanzó esta semana como candidato presidencial por esa colectividad.
“Juntos podemos construir una sociedad más justa, incluyente, democrática y en paz”, aseguró el exministro del Interior del Gobierno Petro en medio del lanzamiento de su campaña.
A esto se le suma que en los últimos meses se han creado cerca de 70 nuevos cargos argumentando la “modernización” de la empresa. Sin embargo, los funcionarios que presentaron la queja reclaman que esto tendría propósitos electorales para que los políticos de En Marcha puedan seguir sumando puestos en la sociedad mixta.
Más allá de las recomendaciones políticas, lo que reclaman algunos es que las personas que están ingresando a la entidad no tendrían la suficiente experiencia o no contarían con los requisitos para ocupar esos cargos. Por ejemplo, en algunos se exige posgrado o determinados años de experiencia y eso no se estaría cumpliendo.
Otro de los hechos que se denuncian está relacionado con la contratación que se estaría haciendo con empresas de Caldas y de Medellín que estarían generando dudas. El riesgo es que los recursos no estarían llegando realmente a quienes los necesitan, muchos de ellos campesinos, y alertan que Finagro estaría en riesgo de quedarse sin liquidez.
Se habla de que a través de estas empresas se les pagaría a supuestos “campesinos” que realmente ni siquiera viven en la ruralidad, sino que tienen comodidades y bienes en las ciudades.
Aunque no se trata de contratos ilegítimos, hay otros que los funcionarios consideran exagerados. Por ejemplo, Finagro suscribió un contrato con Carlos Alberto Arboleda, un referente cultural de Caldas, por 125.400.000 pesos para prestar servicios de consultoría a fin de adelantar un proyecto de investigación, estudio, diseño, redacción, edición y producción de un libro conmemorativo de los 35 años de la empresa para que se resalte el impacto de la entidad en el “desarrollo agropecuario” del país.
En la carta enviada por los funcionarios se dejan otras alertas, como los codazos entre los mismos directivos, pues mientras la presidenta viaja a otros países, algunos de los altos mandos dan instrucciones contrarias entre sí mientras ella está ausente. Denuncian que el secretario de la Comisión Nacional de Crédito Agropecuario, Germán Guerrero, supuestamente “asusta, intimida y le grita al personal”.
Entre los reclamos que surgen de personas cercanas a ese proceso está que el Gobierno del presidente Gustavo Petro prometió acabar con prácticas cuestionables en las que había políticos. Sin embargo, eso no estaría sucediendo al terminar su mandato, sino que le habría dado margen de maniobra a este sector.
“Todo lo anterior ha creado un ambiente de desconfianza, miedo y decepción. Hoy muchos funcionarios prefieren quedarse callados antes de exponerse a que los sancionen, los trasladen o los echen. Este miedo no es gratis: personas con la mayor experiencia y el más alto nivel fueron despedidas sin justa causa”, dijeron los funcionarios.
El caso ya llegó a la Contraloría. Fabián Leonardo Vanegas, director de Vigilancia Fiscal de la Contraloría Delegada para el Sector Agropecuario, le solicitó formalmente a la presidenta información relacionada con esos cargos que se han creado y las modificaciones que se han hecho, así como el organigrama de la entidad e información relacionada con la contratación.
“La Contraloría Delegada para el Sector Agropecuario recibió comunicación vía correo electrónico, en la cual se exponen a este organismo de control presuntas irregularidades en el Fondo para el Financiamiento del Sector Agropecuario. En consecuencia, con el fin de verificar, analizar y contrastar lo expuesto, de manera atenta se solicita la siguiente información”, expresó en una comunicación.
SEMANA consultó tanto a Echeverri como a Cristo para conocer su posición sobre estos hechos; sin embargo, no respondieron los mensajes. Igualmente, al cierre de esta edición, la presidenta de la entidad no había respondido un cuestionario enviado por este medio.