Desde el Consejo Nacional Electoral (CNE), el despacho del magistrado César Lorduy, presentó un informe que evidencia la fuerte preocupación que hay por el incremento de denuncias sobre las campañas electorales en el 2023, año en el que se registraron las elecciones regionales.
Los datos fueron recopilados desde la base de datos de la Fiscalía General de la Nación, entidad que indagó por las denuncias de violación de los topes o límites de gastos, financiación de campañas con fuentes prohibidas y omisión de información del aportante, entre los que se encontró un gran aumento.
Uno de los datos más reveladores es que en comparación con el 2019 el aumento de casos de los delitos electorales fue del 326,6%.
En el caso de la financiación prohibida, los registros de esta penalidad pasaron de 27 casos en 2019 a 69 en 2023, lo que significa un aumento del 255,5%. La violación de topes es la que más preocupa, ya que se pasó de 2 denuncias a 26 en ese mismo periodo de tiempo, lo que refleja un incremento del 1.300%.
En la omisión de información casi no se han registrado denuncias sobre esta conducta, sin embargo, el mayor número de casos se contó en 2018 con cuatro quejas, mientras que en el 2020 y 2023 se presentaron tres denuncias en cada año.
En el informe también se mencionan las sanciones a las que se podrían exponer quienes sean hallados culpables de estos delitos. Se aclara que deberá ser necesario un acto administrativo del CNE para que sea aplicada la sanción.
En el caso de financiación prohibida se prohíbe el dinero de extranjeros, de actividades ilegales, de extinción de dominio, anónimas, de funcionarios públicos, acusados o de dineros públicos. Las sanciones por este delito pueden ser en materia económica que pueden ir a multas entre los 18′497.637 hasta los 184′976.375 pesos.
Igualmente, se pueden expedir sanciones administrativas contra las campañas presidenciales, que pueden ser entre el 1 y el 10% de los recursos desembolsados por parte del Estado o la congelación de giros. También existe la posibilidad de que el presidente tenga que dejar el cargo si el Congreso decide la pérdida de investidura, para lo cual se necesita un concepto del CNE.
Además de las sanciones administrativas, si se comprueba que un candidato incurrió en financiación de fuentes prohibidas, podría tener líos penales, al igual que personas con roles fundamentales en la campaña, como lo es el gerente. Por ejemplo, podría pagar penas de prisión entre cuatro y ocho años y una multa económica si se comprueba que ingresaron dineros de dineros no permitidos.
Por su parte, la organización política también podría acarrear sanciones que van desde 18′497.637 a 184′976.375 pesos, además de la suspensión de la personería jurídica por hasta por cuatro años; así como la privación de la financiación estatal y espacios otorgados en los medios de comunicación.
En el caso de violación de topes, el valor de la sanción sería el mismo. Y para los mandatarios locales, es decir, alcaldes y gobernadores, también podrían perder el cargo si se comprueba alguna irregularidad.
Para congresistas, asambleas y concejos podría determinarse la pérdida de investidura a través de vía judicial. Para alcaldes y gobernadores esto será decidido por la jurisdicción de lo contencioso-administrativo en la que se tendrá que declarar la nulidad de la elección.
Si hay una sanción contra una campaña presidencial, se podrían imponer multas económicas entre el 1 y 10% de los recursos desembolsados por parte del Estado para la campaña, la congelación de los giros respectivos y la devolución de lo entregado.
En el caso de la omisión de información del aportante, podría incurrir en una sanción de 4 a 8 años de prisión y multas que pueden ir de los 400 a 1.200 salarios mínimos.