La campaña del presidente Gustavo Petro, investigada preliminarmente por financiación irregular, enfrenta la hora cero en el Consejo Nacional Electoral. En los próximos meses, los magistrados Álvaro Hernán Prada y Benjamín Ortiz, quienes llevan el proceso, decidirán si abren oficialmente la investigación y de una vez imputan cargos o, por el contrario, archivan el proceso.
SEMANA conoció que lo más probable es que los juristas, tras recabar el material probatorio que tienen hasta el momento, se inclinen y escojan el segundo camino. Sin duda, esto pondría en serios aprietos jurídicos y políticos al jefe de Estado y a los directivos de su campaña.
En los pasillos del tribunal electoral en Bogotá estiman que los magistrados que investigan de fondo el escándalo y, que han gastado horas revisando declaraciones y expedientes, están casi convencidos de que la campaña presidencial que triunfó en las urnas en 2022 se voló los topes electorales.
No obstante, en el ambiente reina la prudencia, porque faltan algunas pruebas por recolectarse, entre ellas, una información precisa que pidieron los togados a la Dian y otra que se solicitó a la Aeronáutica Civil el 23 de enero pasado sobre los vuelos y la anulación de facturas de la compañía Sadi S.A.S. del avión de matrícula HK-5328, donde se habría movilizado el candidato presidencial y algunos aspirantes al Congreso por el Pacto Histórico.
Como si fuera poco, desde diciembre de 2023, se solicitó a Sadi entregar una copia de todas las bitácoras de viaje donde estén consignadas las personas que se movilizaron en las aeronaves.
Hasta el momento, a la candidatura de Gustavo Petro le faltan 164 millones de pesos por cumplir la cifra de financiación establecida por la ley, pero el giro de 500 millones de pesos por parte de Fecode (el sindicato que agremia a los maestros) a la campaña Petro Presidente, y que no han sido reportados, pone contra las cuerdas a sus directivos porque habrían cruzado la cifra establecida por la ley. Estos incurrirían en un delito penal que podría llevar a millonarias multas, a una compulsa de copias en la Fiscalía y, al Jefe de Estado, a convertirse en una presa frágil de la Comisión de Acusaciones de la Cámara de Representantes.
La prueba reina que tiene en sus manos el Consejo Nacional Electoral, además de la Fiscalía y la Corte Suprema, que investiga por este mismo hecho a los congresistas Agmeth Escaf y Pedro Flórez, es el certificado que reveló SEMANA del 16 de septiembre de 2022 de Domingo José Ayala Espitia, entonces fiscal de Fecode, quien confirmó que el 3 de mayo de 2022, previo a la primera vuelta presidencial, “el Comité de la Federación aprobó un aporte económico para colaborar con la campaña Petro Presidente 2022-2026″.
Ayala hoy es presidente de Fecode y cambió junto con el sindicato su versión.
Informó que el 22 de enero de 2024, la Fiscalía, sorpresivamente, allanó las oficinas de la entidad en busca de información y aclaró: “Nuestra organización puso a disposición de los funcionarios la documentación que acredita que la contribución que efectuó Fecode a la Colombia Humana cumplió con todos los requisitos establecidos por la ley”.
Ayala –el entonces fiscal– no le ha explicado a la prensa por qué el 16 de septiembre de 2022 certificó que la plata tuvo como fin la campaña Petro Presidente y ahora cambió su versión. SEMANA lo buscó varias veces y no respondió las llamadas.
“Hay que preguntarle al compañero Domingo Ayala por qué hizo esa certificación”, le dijo Nelson Alarcón a este medio. Este último fue el tesorero de la época y quien le giró el cheque No. 4546139 a Dagoberto Quiroga, entonces representante legal de la Colombia Humana.
Nelson Alarcón reiteró que el certificado de Ayala, que tiene en el ojo del huracán a los directivos de la campaña presidencial, no tiene validez y lo verdaderamente importante, según él, es el documento de la notaría en el que Fecode confirma que los dineros fueron para el Partido Colombia Humana y no la campaña presidencial. Sin embargo, a juicio de algunas fuentes del CNE, esa escritura parece ser una suerte de estrategia jurídica para enmendar el error.
Como si fuera poco, el CNE tiene el acta de la sesión ordinaria del 3 de mayo de 2022, firmada por el entonces secretario general de Fecode, William Henry Velandia Puerto, que ratifica que el dinero sí ingresó a la campaña.
“En desarrollo del punto 4, el señor Velandia propone que se dé un apoyo económico a la campaña del candidato Gustavo Petro a la Presidencia, propuesta que fue colocada en consideración y aprobada por todos los participantes en la sesión”, se lee textualmente. SEMANA llamó insistentemente a Velandia para conocer su versión, pero no contestó.
El CNE no descarta llamar a Ómar Arango Jiménez, exdirectivo de Fecode, quien le contó a SEMANA que el comité directivo del sindicato aprobó los 500 millones de pesos a sus espaldas y los dineros fueron a parar a la campaña de Gustavo Petro. “¿Cómo por qué tendría que girar dinero Fecode a la Colombia Humana”, preguntó.
Otra prueba que tiene en su poder el Consejo Nacional Electoral es la explosiva declaración de Cristian Uscátegui, un testigo electoral que le reafirmó presencialmente hace dos semanas a los magistrados Ortiz y Prada que en la campaña presidencial de Gustavo Petro trabajaron 83.000 testigos electorales. Según él, se les pagó transporte, alimentación el día de las elecciones y se les entregó 60.000 pesos por ese día. El dinero se dio- según él- a través de Su Red y Efecty.
SEMANA estableció que ambas empresas ya rindieron declaración por escrito ante el Consejo Nacional Electoral, pero les solicitaron ampliar su testimonio. Por su parte, Uscátegui, quien es maestro de Boyacá, se despachó y dijo que las directivas de la campaña hicieron todo lo que están negando en público.
Aunque hay varios frentes o líneas de investigación abiertas, entre ellas, la de la utilización de la aeronave, fuentes del CNE le dijeron a SEMANA que lo más seguro es que los magistrados se centren en probar, exclusivamente, que la campaña sobrepasó los topes permitidos.
Para esto, buscan desvirtuar a Fecode y demostrar cómo los 500 millones de pesos que giró el sindicato de docentes sí terminaron en la contienda electoral para el pago de testigos electorales, así hoy algunos de sus directivos digan lo contrario y se contradigan para proteger al presidente y a su anillo más cercano.
“Supongamos que Fecode sí le entregó los 500 millones a la Colombia Humana y el partido, ¿qué hizo con la plata? ¿la invirtió en la campaña?, ¿tiene cómo demostrar qué hizo con ese dinero?”, preguntó una fuente consultada por SEMANA que pidió omitir su nombre.
Aunque las pruebas parecen hablar por sí solas, el escenario no es tan sencillo como parece, porque la decisión del pliego de cargos contra la campaña de Gustavo Petro tendrá que votarla la sala plena y la terminarán decidiendo algunos conjueces convocados por el CNE.
Actualmente, en favor de Petro estarían 3 magistrados: Fabiola Márquez, Alba Lucía Velásquez y, posiblemente, Cristian Quiroz. Las dos primeras son cercanas al Pacto Histórico y al Presidente y el último a la Alianza Verde, hoy en la coalición de Gobierno.
En cambio, en contra estarían cinco togados: Alfonso Campo, Maritza Martínez, César Lorduy, Álvaro Hernán Prada y Benjamín Ortiz. Los dos últimos fueron quienes iniciaron la investigación. En el momento de la votación, cualquier cosa puede ocurrir.
Una fuente consultada del CNE le explicó a SEMANA que se necesitan mayorías calificadas, es decir, una votación de 6-2 y lo más probable es que tengan que convocar a conjueces para que diriman el tema y decidan la suerte de la campaña. Para la decisión de archivo, también se requiere una votación amplia.
Si las mayorías votan en favor del pliego de cargos contra los directivos de la campaña, vendrán los descargos y, posteriormente, la decisión final, que podría ser, en el peor de los casos, una sanción contra el partido político.
A la hora de decidir la eventual sanción, el Gobierno buscará moverse con los partidos políticos para atajar en la sala plena la decisión que, en caso de salir en contra, recaería con mayor fuerza contra el entonces director, Ricardo Roa, hoy presidente de Ecopetrol.
El principal dolor de cabeza para Gustavo Petro no necesariamente es el Consejo Nacional Electoral, sino las pruebas que han ido surgiendo en medio de la investigación y que terminarán en la Comisión de Acusaciones de la Cámara de Representantes, un escenario al que el Presidente le teme políticamente porque podrían, eventualmente, someterlo a un juicio político.
Del tiempo dependerá, en parte, el desenlace de esta incómoda y escandalosa investigación para Gustavo Petro.