Este miércoles 6 de marzo, el Pacto Histórico, la coalición que lidera el presidente Gustavo Petro, radicó la ponencia positiva de la reforma a la salud en la Comisión Séptima del Senado. Aunque el ministro del Interior, Luis Fernando Velasco, habla de consensos, solo 4 de 12 senadores firmaron la propuesta. Los demás, no han escondido su descontento.

La senadora del Centro Democrático, Paloma Valencia, examinó con lupa la ponencia y sacó lo que considera son 20 perlas o principales problemas que plantea el proyecto del ministro Guillermo Alfonso Jaramillo.

Según Valencia, el presupuesto de la salud queda a cargo de los políticos.

Senadora Paloma Valencia | Foto: Semana

“Las direcciones territoriales de salud determinarán el presupuesto que consideren para hospitales públicos (ISEs) y el Gobierno Nacional girará”, explicó la Senadora.

Otra perla radica, de acuerdo con la senadora uribista, en que el gobernador tiene poder sobre las ISEs, determina los convenios y servicios a prestar con hospitales de segunda y tercera complejidad y, además, determina cuando una factura no le parece justa.

“Otra perla: el Gobierno quiere que los proyectos de infraestructura hospitalaria (construir y dotar los equipos de los hospitales) se ejecuten bajo normas de derecho privado, es decir, van a contratar miles de millones de pesos sin licitaciones”, advirtió Valencia.

El ministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo. | Foto: EL PAÍS

La Senadora del Centro Democrático encontró otro artículo lesivo en la reforma.

“Pareciera que el Gobierno quiere prohibir que nuevas droguerías se establezcan en el país. Quieren crear un monopolio de distribución de medicamentos con Drogas La Rebaja”, manifestó.

Además, “se establece un manual que trata un mismo servicio sin consideraciones como calidad, tecnología o innovación. Reemplaza el mercado que fija precios por la voluntad de alguien que los define”, dijo.

Paloma Valencia reiteró que la Adres pasa a ser el pagador único del sistema de salud. “Tendrá que auditar más de 400 millones de atenciones al año y un número similar de facturas”, informó. Esto- según la congresista- acaba con la calidad e innovación de los procedimientos y medicamentos del sistema de salud.

Mostrando cada uno de los artículos de la ponencia, Valencia también expresó que la reforma destruye el aseguramiento.

“Se habla de una UPC dividida en dos pedazos, una para atención primaria y otra para mediana y alta complejidad. Sin embargo, los hospitales determinarán su presupuesto, de acuerdo a gastos de servicios y el Adres girará, de acuerdo a esas facturas. No está claro quién queda a cargo del riesgo financiero”, enfatizó.

El ministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo. | Foto: EL PAÍS

Las EPS- anunció- desaparecerán en 2027. “Y las que quieran podrán convertirse en Gestoras de Salud y Vida”, detalló.

“Con las EPS fuera del sistema, ahora los médicos tendrán unos comités para autorregularse en los medicamentos y procedimientos que prescriban. Tendrán como jefes otra entidad pública que los podrá sancionar”, siguió.

Dijo Valencia que con la reforma a la salud, “el Estado, en busca de soberanía, dará prioridad a las vacunas de producción nacional, así sean de menor calidad”.

El listado de inconformidades frente a la ponencia de la reforma a la salud son grandes, de acuerdo con Valencia.

“Los equipos de salud territorial o equipos básicos de salud no solo serán de personal médico. Podrán meter hasta políticos que, recorriendo el país con recursos públicos, podrían hacer campaña política con recursos de la salud”, enumeró.

Entre sus preocupaciones, Paloma Valencia consideró la creación de los Caps. “Las filas serán largas y la atención será pésima. Se estima que se necesitan 2.500 Caps que coordinarán todo el sistema”, anunció.

Ahora todos los médicos deberán presentar otro examen, informó la Senadora.

“El gobierno creando más barreras de mercado y obligando a universidades privadas a tener en cuenta estos resultados. El déficit de especialista a 2016 superaba los 17 mil”, dijo.

El listado de preocupaciones es grande. Ni siquiera al interior de la Comisión Séptima del Senado hay consensos, al menos de momento, para aprobar la iniciativa.