El gobierno del presidente Gustavo Petro logró desentrañar su controvertida reforma a la salud.
Este lunes 29 de abril, congresistas del Pacto Histórico desistieron de la solicitud de apelación que pretendía revivir el proyecto que fue archivado en la Comisión Séptima del Senado. Lo hicieron para no quemar los cartuchos y concentrarse en empujar la nueva iniciativa cuyo texto acordó el primer mandatario junto con las EPS.
El documento ya está listo. El ministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo, radicará la reforma con mensaje de urgencia, según informó el ministro del Interior, Luis Fernando Velasco.
Como es una ley ordinaria, el objetivo es que empiece su tránsito de inmediato y esté aprobada en primer debate en la Cámara de Representantes antes del 20 de julio, cuando finaliza el período legislativo.
El proyecto no ha sido radicado y ya genera ruido.
Como se ha ido conociendo su articulado, los ocho senadores de la Comisión Séptima que hundieron la pasada reforma se anticiparon y anunciaron una cascada de inconvenientes del nuevo borrador.
“Vemos con preocupación el texto acordado entre algunas EPS y el Gobierno nacional”, advirtieron los senadores en una carta. Ellos, además, consideraron “que es un error radicar un texto que no ha sido examinado y concertado con los demás actores del sistema y que insiste en desconocer la voz de los pacientes y usuarios, del talento humano en salud, la academia y expertos en la materia, no es el camino que propusimos”.
Los senadores señalaron de manera tajante: “El texto conocido mantiene errores conceptuales que no superan los motivos por los que fue archivado. La propuesta legislativa es un resumen de la reforma inicial, no desarrolla una ruta clara para resolver los desafíos de nuestro sistema de salud, continúa sin tener los estudios técnicos adecuados y representa un riesgo para el derecho fundamental a la salud de los colombianos”. El senador del Partido Liberal Miguel Ángel Pinto estima que el Gobierno concertó la reforma con las EPS, pero no con el Congreso.
Y es que el nuevo proyecto conserva las líneas gruesas que propuso la exministra de Salud Carolina Corcho.
El giro directo se mantiene en el nuevo proyecto, el cual establece que a la Adres “le corresponde administrar los recursos del Fondo Único Público de Salud, que contará con un conjunto de subcuentas, de acuerdo con la destinación de los recursos”.
Y habrá una ‘cuenta de atención primaria en salud’, la cual deberá financiar uno de los pilares de la nueva reforma. Además, se creará una ‘cuenta de fortalecimiento de la red pública hospitalaria’.
Además, es un hecho la transformación de las EPS a Gestoras de Salud y Vida, con la bendición de varias de ellas. Siguen teniendo los mismos dos años para transformarse, deberán someterse a un proceso de disolución y sanear económicamente a cada entidad.
Estas gestionarán el riesgo en salud, pero con el giro directo se les retira el riesgo económico.
Pero, para convencerlas de dejar los recursos, se les da una remuneración. Se trata del 5 % del valor de la Unidad de Pago por Capitación asignada para costear la atención de la población que esta maneja.
Tendrán un posible incentivo de 3 %, en caso de que cumplan satisfactoriamente con las tareas.
Como si fuera poco, los gobernadores y alcaldes siguen teniendo poder en la reforma a la salud concertada con las EPS. El artículo se encuentra dentro del establecimiento de las Instituciones de Salud del Estado (ISE), que prestará servicios con carácter social.
Estas tendrán sus propios recursos y personería jurídica, que podrán controlar de cierta forma los mandatarios locales.
“Las Direcciones Territoriales, Departamentales y Distritales de salud y las Secretarías de Salud Municipales organizarán el presupuesto para el cierre financiero de los hospitales de mediana y alta complejidad, con las fuentes de financiamiento”, dice en un parágrafo.
¿Logrará el Gobierno aprobar este controvertido proyecto? El escenario es incierto.