Un barco pirata ador-nado con una calavera enorme y con las réplicas de cuatro cañones se detuvo frente a la Gobernación de Chocó durante la primera semana de octubre. Después de algunos minutos comenzaron a salir ratas por las ventanas, la proa y la popa, como si se tratara de una plaga incontrolable. Fue un acto inesperado dentro del concurso de carrozas organizado en plenas fiestas de San Pacho, en Quibdó. El barco se ganó el primer puesto, pero más que el despliegue de creatividad, premiaron la ironía puesta en escena de sus creadores, los habitantes del barrio César Condo. Antes de partir, el capitán del barco -que también era un hombre disfrazado de rata con cadenas de oro- levantó una pancarta con la consigna: "Chocó, un barco a la deriva". Era una mofa a la realidad de la política chocoana.Ha llegado a tal punto la situación de impunidad, miseria y corrupción del departamento, que burlarse de ella parece ser parte de su folclor. Y lo preocupante es que los chistes han reemplazado el debate o los cuestionamientos a la clase dirigente. Como si la esperanza de que las cosas pueden mejorar hubiera desaparecido. "Ni en la universidad pública hay espacio para el debate sobre el desarrollo de la región", dice una profesora de la facultad de derecho de la Universidad Tecnológica de Chocó. Pero ¿a qué se debe tal indiferencia?La resignación que se siente entre los habitantes de Quibdó no es una casualidad. La economía de la ciudad depende en 90 por ciento del Estado. Es la única empresa grande. Los tiempos en los que había fábricas de velas, de gaseosas, de hielo y hasta ingenios azucareros ya pasaron. Todo se lo fue comiendo la corrupción política. El edificio verde donde hoy queda la Gobernación era una empresa textilera hace dos décadas, es el mayor ejemplo para demostrar cómo el Estado se ha convertido en el único empleador."El chocoano tiene dos posibilidades para sobrevivir -dice un jubilado de la lotería-: trabajar para el Estado o robarle al Estado". En Chocó, el político es una figura omnipresente: si a alguien se le ocurre hacer una reyerta en contra de ellos, es como si la estuviera haciendo en contra de su comida.Por eso nadie se sorprendió hace un mes cuando un grupo de manifestantes salió a las calles con pancartas y pendones para protestar por la decisión que tomó la Corte Suprema de Justicia de solicitar la captura de los dos únicos congresistas que tenía Chocó: Édgar Eulises Torres y Odín Sánchez. El acto escasamente fue noticia en los medios locales. Estos dos políticos representan la casta dirigente de la región que por años ha manejado los hilos del departamento.Odín Sánchez Montes de Oca, por ejemplo, hermano del actual gobernador, ha ocupado, entre otros, los siguientes cargos públicos: inspector de Policía, juez del municipio de Lloró, asesor jurídico del Incora, secretario privado de la Gobernación, profesor en la Universidad Tecnológica del Chocó, juez del municipio de Acandí, gerente de la Caja Departamental, concejal por el municipio de Quibdó, diputado a la Asamblea Departamental y representante a la Cámara. Hoy tres de sus hermanos ocupan puestos importantes tanto en la Gobernación como en la Alcaldía; y Astrid Sánchez, otra hermana, está de candidata para reemplazarlo en la Cámara.Aunque en Quibdó ya se esperaba que algún miembro del clan Sánchez Montes de Oca se lanzara de candidato, nadie apostaba que fuera Astrid. "Lo único que tiene es la plata de los hermanos", dice un analista político que ha estado presente en sus reuniones proselitistas de Bogotá y Medellín. "No hay una sola propuesta innovadora y a la gente parece no importarle", dice Rubén Mena, un líder barrial de Quibdó que acompañó a SEMANA en un recorrido por el barrio El Jardín -también conocido como 'Villa Peculado'-, donde el lujo y la pompa de las casas de los políticos contrasta con la miseria de sus vecinos.Una de las construcciones más grandes del barrio es la de Odín Sánchez, quien se la compró, a su vez, a uno de los dirigentes más controvertidos que ha tenido este departamento: el ex senador Jorge Tadeo Lozano. Se calcula que costó 400 millones de pesos y su tamaño -de casi una manzana- parece una bofetada para muchos vecinos que viven en casas diminutas. Uno de ellos, Carlos Pedraza, recuerda que el día de la inauguración la familia del político hizo un shower y los invitados, como si se tratara de una fiesta mafiosa, llenaron la casa de juegos de sala, neveras, televisores y demás electrodomésticos. "Eran tantos regalos como para equipar a todo el barrio", dice Carlos, con una especie de resignación propia de los chocoanos que viven en un departamento donde los escándalos por corrupción pasan inadvertidos.Al preguntar por la casa de Édgar Eulises Torres, el otro político importante de Chocó, la gente dice que él se ha cuidado de no mostrar su riqueza en el departamento y no posee propiedades en Quibdó. La que sí es públicamente conocida es la empresa Catobras Ltda., de la cual es socio, y que tiene fama no sólo por haberse ganado jugosos contratos del departamento sino por incumplir parte de ellos. Un ingeniero local de Invías dice que el solo hecho de escuchar el nombre de Catobras le pone los pelos de punta. Esa es una de las empresas de la unión temporal a la cual le adjudicaron la primera fase del Plan 2500 en Chocó (contrato por 16.000 millones de pesos para pavimentar las principales vías) y tuvieron que reemplazarla por incumplimiento; "pero uno se quedaba calladito porque detrás de todo eso estaba la familia Torres", dice el ingeniero.Esa es, precisamente, una de las razones por las cuales Chocó no ha podido levantar cabeza en toda su historia reciente. No sólo está el desgreño, el mal manejo y robo de sus recursos por parte de sus políticos -que ya se ha convertido en una constante-, sino que está la resignación de sus habitantes, que parece ser la única cara de Quibdó.