El presidente del Partido de la U, Juan Lozano, sostuvo que el proyecto se fundamenta en que "la ciudadanía tiene el derecho a estar en todo momento gobernada por personas que están física y mentalmente en plenitud de capacidades para hacerlo; si una enfermedad mental o física afecta de manera severa la capacidad del gobernante de cumplir con sus tareas, debe apartarse del cargo", según declaraciones dadas a RCN Radio. El documento especifica que "el presidente de la República deberá someterse a un examen médico una vez al año, el cual se llevará a cabo por un doctor de la EPS a que esté afiliado. El médico deberá presentar un informe público en caso de evidenciar la existencia de enfermedades neurodegenerativas, desórdenes cognitivos, trastornos mentales o impedimentos físicos severos que le impidan al presidente cumplir sus funciones a cabalidad". La inhabilidad también aplicaría para los cargos de vicepresidente, ministros, directores de departamentos administrativos, gobernadores y la cúpula militar. Según Lozano, la norma no entraría en conflicto con el secreto profesional del médico, pues tan solo lo obligaría a informar "si la enfermedad pone en peligro a la ciudadanía, de lo contrario, se preserva el derecho de la reserva como corresponde".