La Procuraduría General de la Nación solicitó al Ministerio de Ambiente considerar la posibilidad de ejercer la facultad legal en el caso del Túnel de Occidente. El Ministerio Público le pidió a la cartera de Ambiente ejercer esa facultad legal con la "evaluación y control preventivo de los efectos de deterioro ambiental que puedan presentarse" en el proyecto Conexión Vial Aburrá-Oriente, o si es el caso, suspender los trabajos que allí se adelanten. El procurador delegado para Asuntos Ambientales y Agrarios, Óscar Darío Amaya, argumentó la decisión tras considerar que existe "la posibilidad de estar adelantándose un gran proyecto de infraestructura con fuertes impactos ambientales y sociales, sin la correspondiente expedición del acto administrativo de carácter ambiental". Finalmente, Amaya cuestionó el acto administrativo del 2002 de la Corporación Autónoma Regional de las Cuencas de los ríos Negro - Nare (CORNARE), en el cual se autorizaba ambientalmente la obra.