La senadora Paloma Valencia, supongo que en nombre del Centro Democrático, propone revivir los auxilios parlamentarios al reservarles a los Congresistas iniciativa propia para disponer más o menos a su arbitrio del veinte por ciento de los ingresos del Estado para distribuirlos en proyectos que a bien tengan y que de alguna manera guarden relación con el plan de desarrollo. El veinte por ciento del presupuesto será pues una inmensa partida global, partidas que el Presidente de la República prometió en campaña eliminar. Lo primero que hay que decir es que se les olvida que el presupuesto debe ser un instrumento de política económica y no sólo una lista doméstica de ingresos y gastos. Lo segundo recordar en qué consistían las leyes de auxilios parlamentarios: El a.76 de la Constitución del 86 establecía en su numeral 20 que correspondía al Congreso “Fomentar las empresas útiles o benéficas dignas de estímulo o apoyo, con estricta sujeción a los planes y programas correspondientes”. A su turno, el a.79 que consagraba que sólo el Gobierno tenía iniciativa en materia de gasto público, estableció la siguiente excepción: “Sin embargo, respecto de las leyes que desarrollen las materias a que se refiere el numeral 20 del artículo 76… tendrán libre iniciativa los miembros del Congreso”. El gran argumento a favor de la iniciativa de la senadora Valencia es que todos esos auxilios se aprobarán “por encima de la mesa”. Los viejos auxilios parlamentarios también “se hacían por encima de la mesa” como lo prueban las normas que he citado. Hubo que eliminarlos en el 91 porque eran una fuente inagotable de corrupción y despilfarro. Podrían mencionarse los nombres de parlamentarios que fueron condenados por delitos asociados con estas partidas presupuestales, que frecuentemente terminaban, por lo menos parcialmente, en sus bolsillos, por una vía o por otra. El país acaba de votar en contra de la corrupción y no pueden abrir este boquete por donde pase la misma. No estoy haciendo una suposición. Estoy basándome en la historia del país. Adicionalmente constituirían un instrumento privilegiado en cabeza de los congresistas para competir en las siguientes elecciones. Es decir, es un instrumento que juega en contra de la juventud, de la renovación de la clase política y del principio de igualdad de oportunidades ante las urnas, pues no es lo mismo repartir dineros públicos para conseguir votos, que conseguir votos sin repartir dineros públicos. Hay una enorme incoherencia en pretender reducir los periodos de los congresistas, iniciativa por la cual votaron cerca de 12 millones de ciudadanos y simultáneamente darles instrumentos para que se perpetúen en el Congreso en nombre propio, de sus hijos o de sus esposas. Dentro del propósito de volver a la Constitución del 86 ha sido aprobado por la Comisión Primera de la Cámara el proyecto tendiente a unificar las elecciones de Presidente de la República, congresistas, gobernadores, diputados, alcaldes, concejales y ediles, para lo cual necesitan ampliar en dos años el periodo de estos últimos. Unificar los periodos es inconveniente y ampliar lo de los alcaldes, gobernadores, diputados y concejales es por lo menos, un abuso. Decía el a.114 de la Constitución anterior: “La elección de Presidente de la República y de miembros del Congreso se hará en un mismo día en la fecha que determine la ley; la de las otras corporaciones… se efectuará el mismo día, cuando su renovación coincida con la de Congreso”. Es a lo que se quiere regresar. Pero es altamente inconveniente porque rompe la relación directa entre el ciudadano que elige y los candidatos que aspiran a ser elegidos. Esa conquista del voto ciudadano, consistente en no tener intermediarios entre ellos y los candidatos, es un valor democrático que debemos preservar. Desde luego, que los congresistas o candidatos a Congreso quedarían empoderados para influir decisivamente en la elección del Presidente restándole capacidad de decisión a los electores rasos. Esto puede convenirle a los congresistas pero no al país. De cierta manera ellos están legislando en beneficio propio. Unificar las elecciones regionales con las nacionales impide que la elección de gobernadores y alcaldes se haga en función de los temas departamentales, distritales y municipales, para cederle el paso a alinderamientos en función de los temas nacionales. Es ahogar los temas regionales en el universo de los temas nacionales. Esto también es inconveniente. Claro, favorecerá el poder de los liderazgos nacionales en perjuicio de los departamentales y municipales. Inconveniente así mismo porque si el Congreso puede ampliar el periodo de gobernadores y alcaldes, ha sentado el precedente para ampliar igualmente el periodo del Presidente de la República y por esa vía burlar la prohibición de reelección. ¿Si es constitucionalmente posible prorrogar dos años a gobernadores y alcaldes elegidos popularmente, por qué no va a ser jurídicamente viable ampliar el periodo del Presidente por cuatro años más? Es una burla al voto popular que dio un mandato por un determinado periodo establecido en la Constitución. ¿Y si pueden ampliar el periodo del Presidente, por qué razón no podrían ampliarse su propio periodo? Es sabido cómo la Constitución venezolana prevé que sólo el pueblo puede convocar una constituyente. Maduro convocó una implícitamente diciendo “Yo soy el pueblo”. ¿Está el Congreso en actitud castrochavista diciendo igualmente “Yo soy el pueblo” y en consecuencia puedo unificar periodos y hasta prolongarlos? El proyecto es inconstitucional porque además de violentar el principio democrático y por ello mismo sustituir uno de los ejes definitorios de la Constitución del 91 para lo cual no tiene competencia el Congreso, lo es igualmente por la razones que ha explicado Gustavo Zafra: “En el referendo que presentó el expresidente Uribe en su primer mandato iba una especie de zanahoria para que la gente lo votara: era precisamente la prórroga del periodo de los alcaldes y en ese momento la Corte Constitucional declaró inexequible esa parte del referendo con el argumento de que eso no era un referendo ni una reforma constitucional sino realmente un plebiscito camuflado”. En este tema de unificar las elecciones y ampliar los periodos hay muchos temas camuflados a favor de la clase política y en contra del ciudadano.