Según el ministro de Hacienda, Juan Carlos Echeverry, con este proyecto se tiene el objetivo de destrabar más de $22 billones que están pendientes de ser ejecutados. Las vigencias futuras excepcionales sólo podrán ser autorizadas para proyectos de infraestructura, energía, comunicaciones y gasto público social en los sectores de educación, salud, agua potable y saneamiento básico. Así mismo, el monto máximo de las mismas debe consultar las metas plurianuales del Marco Fiscal de Mediano Plazo y que cuente con aprobación previa del Confis Territorial o el órgano que hace sus veces. También cuando se trate de proyectos que conlleven inversión nacional deberá obtenerse el concepto previo y favorable del Departamento Nacional de Planeación. De esta manera, una vez sea conciliado, el proyecto pasará a sanción presidencial para convertirse en una ley.