El caso de Edier Adán Lopera conmocionó a la población de Tarazá, Antioquia, desde el pasado 15 de junio cuando se conoció que el líder social fue asesinado presuntamente por el grupo Los Caparros y posterior a esto, dejaron su cuerpo expuesto en una vía de la vereda Caracolí como un mensaje de intimidación para los habitantes.
Una semana después del crimen, la Asociación de Campesinos del Bajo Cauca (Asocbac) denunció que, debido al régimen de terror que implantó el grupo criminal en Tarazá, ninguna persona se había acercado a levantar el cadáver que yacía a la interperie. La organización también expuso al Gobierno, desde el pasado 2 de junio, sobre la presencia de grupos paramilitares que patrullan en las veredas Urales, La Ilusión, El Guaimaro y El Cañón de Iglesias en esta zona del Bajo Cauca antioqueño. “Pese a esto, y a la certeza de riesgo inminente contemplado por las Alertas Tempranas 020-19 y 027-18 de la Defensoría del Pueblo, se consumó la acción violenta contra la apoblación”, dice la comunicación de Asocbac. Lopera, quien era beneficiario del Programa Nacional Voluntario de Cultivos de Uso Ilícito, se desempeñaba como uno de los coordinadores de la Junta de Acción Comunal de la vereda Urales y era miembro de la asociación campesina, perteneciente el Movimiento Político Marcha Patriótica.
Ante el pedido de organizaciones sociales y de las autoridades de Antioquia, este cruel acto de exhibición terminó en la tarde del 24 de junio; nueve días después del asesinato. Según lo reportó el mayor general del Ejército, Juan Carlos Ramírez, solo hasta el miércoles los uniformados pudieron acceder a la zona para rescatar el cuerpo y trasladarlo a Medicina Legal. “Las condiciones geográficas y de seguridad en el terreno impidieron realizar este rescate con mayor celeridad”, dijo el secretario encargado de Gobierno de Antioquia, Jorge Ignacio Castaño.